La familia del joven Rodolfo “Rolo” Núñez, que falleció electrocutado en el Complejo Arrayanes no podrá conocer la justicia sobre el caso porque prescribió. Varias recusaciones de los demandados pudieron más que este objetivo. La jueza del caso declaró la prescripción de la causa.
El hecho ocurrió el 16 de setiembre del 2023. “Rolo” jugaba un torneo de fútbol con los exalumnos del Colegio Técnico Nacional. Se acercó a un poste de la lumínica donde murió electrocutado.
Hay otro juicio en el ámbito penal. Aquí los demandados ofrecieron una indemnización de G. 1.250 millones, pero la familia prefirió la justicia. No aceptó el dinero porque no quiso que el caso quede en la impunidad.
Sin embargo, en el ámbito civil donde la familia intentó indemnización, la jueza Civil y Comercial Lizza Reyes declaró la prescripción de la demanda de indemnización de daños contra los responsables del Complejo Arrayanes.
La demanda en lo civil fue presentada por Lourdes Monserrat Giménez Arévalos, como viuda, y también en representación de sus dos hijas menores, quienes accionaron por indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual.
Sin embargo, la defensa presentó 7 recusaciones consecutivas, entre el 1 de agosto hasta el 16 de setiembre del 2025. Con ello logró que se retrase hasta octubre de ese año la resolución que admitía la demanda y se pudiera notificar a los demandados.
Así fue que la jueza Reyes resolvió que cuando la demanda fue admitida recién el 21 de octubre del 2025, debido a las recusaciones, ya prescribió porque se superó el plazo de dos años previsto para ejercer la acción.
La juez Lizza Reyes hizo lugar a la excepción de prescripción planteada por los demandados Óscar Daniel Ruiz Fernández, Édgar Torres Domanizcky, María Lila Contreras Saguier, María Marcela Contreras Saguier, Epro SA, Pro Life SA, María Virginia Napout Barreto y Arrayanes SA.
La demanda de indemnización se procesó en el ámbito civil, mientras que en el ámbito penal, Óscar Ruiz, que representa a la firma Epro SA, que explota el complejo deportivo Arrayanes, en Asunción, afronta un juicio oral. Fue en el juicio penal donde la familia recibió la oferta de arreglo con 1.250 millones de guaraníes.
En el ámbito penal, el rechazo de la familia del dinero ofrecido se fundamentó en la búsqueda de justicia, que el hecho no quede impune, priorizando la condena sobre la compensación económica. Sin embargo, cuando se admitió la demanda en el ámbito civil, aquí ya prescribió, según la resolución de la magistrada.
