Tras los alegatos finales, los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez pidieron al Tribunal de Sentencia, integrado por Yolanda Morel, Ana Rodríguez y Karina Cáceres, 12 años de pena privativa de libertad para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala, por cohecho pasivo agravado, extorsión, persecución de inocentes, prevaricato y asociación criminal.
Además, solicitaron 9 años de prisión para Griselda Beatriz Acha Alcaraz, exsecretaria de dicha unidad fiscal. Según la acusación, la misma intermediaba en pedidos de dinero, coordinando con víctimas, procesados y abogados, y facilitando la obtención de beneficios económicos ilícitos. Mientras que para Christi Magalí Ortega Domínguez, exasistente de la Unidad Penal N.º 1 de San Lorenzo, quien aportaba información, realizaba contactos y colaboraba en la ejecución de los hechos, actuando dentro de la estructura con conocimiento y voluntad, solicitaron 4 años de cárcel.
También en sus alegatos finales, los agentes del Ministerio Público pidieron 3 años y 6 meses de pena privativa de libertad para la abogada Liz Elena Martínez Robles. Y 2 años de cárcel para la abogada Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y 2 años y 6 meses de cárcel para el también abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza.
La pesquisa del Ministerio Público se inició ante una denuncia de que supuestamente la entonces fiscala Girala pidió la suma de G. 32.500.000 a un procesado en una carpeta fiscal abierta por la presunta comisión de los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y perturbación de la paz pública, para ser beneficiado con una salida procesal.
El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp, y no se limitaron a un solo caso en el que negociaron salidas procesales.
El escrito de acusación menciona que este caso no fue un hecho aislado, sino que se iban sumando los casos. Según la acusación, Magalí Ortega aportaba información, realizaba contactos y colaboraba en la ejecución de los hechos, actuando dentro de la estructura con conocimiento y voluntad. Liz Elena Martínez Robles, la profesional que intervino en distintas causas como parte del esquema, actuó con conocimiento y voluntad, y vulnerando los deberes éticos propios de su función como auxiliar de justicia.
Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín, intervenía para intermediar con víctimas en el primer caso que dio origen a la causa, colaborando en la obtención de dinero a cambio de supuestos beneficios procesales. Marcos Aurelio Velazco Mendoza formaba parte del esquema como abogado de confianza, interviniendo en diversas causas y colaborando activamente para concretar los beneficios económicos ilícitos.
El hecho se inició con la denuncia de Alcides Hermosilla, a quien le solicitaron G. 25.000.000 a cambio de una salida procesal. Sin embargo, esta persona optó por denunciar el acto de corrupción, lo que permitió desmantelar este esquema gracias a la denuncia y la intervención de la Fiscalía en una entrega vigilada.
En otra causa, la asistente fiscal Griselda Acha, a pedido de la fiscala Ana Girala, había solicitado G. 30.000.000 a Higinio Duarte para imputar a Sergio Giménez Paredes por producción de documentos no auténticos.
A TENER EN CUENTA
1 - Fiscalía pide 9 años de prisión para la exsecretaria de la fiscal
El Ministerio Público solicita 9 años de prisión para Griselda Beatriz Acha Alcaraz, exsecretaria de Ana Girala, quien supuestamente era la intermediaria en pedidos de dinero, coordinando con víctimas, procesados y abogados, y facilitando la obtención de beneficios económicos ilícitos.
2 - El Ministerio Público pide cuatro años de cárcel para la exasistente fiscal
En el juicio oral, los fiscales acusadores pidieron cuatro años de cárcel para Christi Magalí Ortega Domínguez, exasistente de la Unidad Penal N.º 1 de San Lorenzo, ya que supuestamente aportaba información, realizaba contactos y colaboraba en la ejecución de los hechos.
3 - Tres abogados también están acusados en la misma causa
La Fiscalía pidió 3 años y 6 meses de cárcel para la abogada Liz Elena Martínez Robles; 2 años de cárcel para Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín; y 2 años y 6 meses de cárcel para el también abogado Marcos Aurelio Velazco Mendoza, todos en carácter de complicidad. Intervinieron en distintas causas como parte del esquema, actuando con conocimiento y voluntad.