El juez penal de Garantías, especializado en narcotráfico y crimen organizado, Osmar Legal mantuvo la prisión preventiva de los ciudadanos paraguayos extraditables Bienvenido Santiago Fretes González y el exdirector de la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) general Jorge Antonio Orué Roa, en el marco del proceso de extradición solicitado por Brasil, en la causa Dakovo, operativo que desarticuló una banda de traficantes de armas al vecino país.
Los abogados defensores de ambos procesados sostienen que la absolución y orden de libertad emitidas por la justicia brasileña hacen desaparecer los presupuestos de la prisión preventiva y vuelven improcedente tanto la extradición como cualquier medida restrictiva, incluso la tobillera electrónica.
El abogado de Orué, Bernardo Villalba, sostiene que a efectos de solicitar la revocatoria de la prisión preventiva que pesa sobre su defendido, está ante una certeza jurisdiccional válida: la absolución de toda culpa y reproche en la génesis del procedimiento de extradición, que es la justicia brasileña.
“No estamos ante un supuesto de sustitución de medidas de la prisión preventiva. Estamos ante la desaparición absoluta de los presupuestos que la sustentan. El hecho nuevo: absolución y orden de libertad. En fecha 7 de abril del 2026 el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región del Brasil revocó la sentencia condenatoria; absolvió a Jorge Antonio Orué Roa y ordenó su libertad inmediata. Esta realidad no es controvertida, pues ya ha sido reconocido por este propio juzgado en la resolución dictada en el caso Josefina Cuevas”, sostiene la defensa.
Sin embargo, el Ministerio Público no se opuso a medidas menos gravosas, pero advirtió que no existe comunicación oficial vía diplomática sobre dicha absolución ni certeza de que esté firme.
Por su parte, el juez advierte que la situación del extraditable Jorge Antonio Orué presenta una complejidad fáctica y jurídica distinta a otros casos analizados en esta misma causa, que del examen de sus antecedentes penales se colige que el mismo cuenta con un proceso penal en etapa de juicio oral y público en el mismo hecho de tráfico de armas ante la Justicia de nuestro país, circunstancia que incrementa el riesgo de fuga ante la inminencia de un eventual reproche penal en territorio nacional.
“Derivado aquí de un proceso de extradición y que a la fecha no puede ser materializado por la presentación de recursos y/o acciones tramitadas actualmente ante la Corte Suprema de Justicia, lo cual impide a esta magistratura otorgar una medida menos restrictiva ʻa ciegasʼ, más aún considerando que en esta audiencia de revisión la defensa de autos tampoco ha ofrecido alguna garantía sea esta personal y/o real para con ello garantizar la sujeción de este requerido a las resultas del presente proceso de extradición”, explica el juez en su resolución.