En la misma causa se encuentran, la secretaria fiscal Griselda Acha, la asistente Christi Ortega Domínguez y los abogados Marcos Velazco, Liz Martínez y Nélida Alcaraz, en la investigación que fue iniciada por un presunto pedido de coima.
La pesquisa del Ministerio Público se inició ante una denuncia de que supuestamente la entonces fiscala Girala pidió la suma de G. 32.500.000 a un procesado en una carpeta fiscal abierta por la presunta comisión de los hechos punibles de homicidio doloso, asociación criminal y perturbación de la paz pública, para ser beneficiado con una salida procesal.
El Ministerio Público sostiene que los acusados actuaron en todo momento en total coordinación, así como en constante comunicación a través de intercambio de llamadas y mensajes vía WhatsApp, y no se limitaron a un solo caso en el que negociaron salidas procesales.
El escrito de acusación menciona que este caso no fue un hecho aislado, sino uno de los varios que cayeron víctimas del esquema y que participaron activamente y de manera continua en el hecho investigado y se iban sumando los casos. Uno de ellos es de Eladio Ortega, a quien le habían pedido canastas navideñas para una salida procesal.
El hecho se inició con la denuncia de Alcides Hermosilla, a quien le solicitaron G. 25.000.000 a cambio de una salida procesal. Sin embargo, esta persona optó por denunciar el acto de corrupción, lo que permitió desmantelar este esquema gracias a la denuncia y la intervención de la Fiscalía en una entrega vigilada.
En otra causa, la asistente fiscal Griselda Acha, a pedido de la fiscala Ana Girala, había solicitado G. 30.000.000 a Higinio Duarte para imputar a Sergio Giménez Paredes por producción de documentos no auténticos.
La agente fiscal fue acusada por persecución de inocentes, coima, extorsión y asociación criminal.