La lucha por justicia de una familia afectada por un presunto caso de abuso sexual infantil ha tomado una relevancia pública significativa debido al perfil de los involucrados. Los familiares del menor denunciaron que aguardan la conclusión de las diligencias ordenadas en el marco del sobreseimiento provisional dictado el 25 de mayo de 2025. Según los antecedentes, la querella sostiene que existen elementos de certeza suficientes en la carpeta fiscal para demostrar la autoría del padre del niño, quien pertenece a una familia de importantes políticos de Fernando de la Mora.
Esta situación de influencia política, que en su momento alcanzó los estratos más altos de la jerarquía nacional, genera una preocupación adicional en los denunciantes. La parte afectada teme que el peso de los apellidos vinculados al presunto autor haya influido en la decisión del primer fiscal interviniente, Rolando Rivas, quien solicitó pausar el proceso. Tras una recusación presentada por la querella, la Fiscalía General del Estado ordenó el traslado del agente, quedando la causa bajo la responsabilidad del fiscal Armin Echeguren.
El peso político y la desconfianza en el proceso
El entorno de la víctima manifestó que el presunto abuso ocurrió cuando el niño se encontraba a una corta edad, lo que agrava la naturaleza del hecho punible investigado. La insistencia en la reapertura del proceso responde a la desconfianza generada por las actuaciones anteriores y al temor de que el caso quede sin sanción debido a las conexiones de la familia del procesado.
Los querellantes reafirmaron que no cesarán en su reclamo hasta que el responsable enfrente a la justicia en un juicio oral y público, sin que su linaje político represente un blindaje ante la ley.
Testigos ausentes y riesgo de desistimiento fiscal
Uno de los principales obstáculos que enfrenta la causa es la reticencia de los testigos propuestos para comparecer ante la unidad fiscal. De las seis personas citadas, varias han faltado a dos convocatorias consecutivas, lo que ha generado una demora crítica en el cronograma de trabajo del fiscal Echeguren.
Ante esta situación, se prevé que el Ministerio Público pueda desistir de algunos testimonios si persiste la inasistencia. Esta medida técnica busca evitar que el proceso quede paralizado, garantizando que el interés superior del menor prevalezca sobre cualquier estrategia de dilación.
El pedido de elevación a juicio y condena ejemplar
La familia aguarda que, una vez finalizadas las declaraciones testimoniales restantes, la fiscalía actúe con celeridad para reactivar la causa penal de forma definitiva.
La querella insiste en que los elementos recolectados en la vivienda y los informes psicológicos son contundentes para elevar el caso a la siguiente etapa.
El objetivo final de los familiares es obtener una condena ejemplar que demuestre que la justicia paraguaya es capaz de procesar a personas vinculadas a círculos de poder cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales de un niño.
