El juez de Ejecución Penal, Carlos Mendoza, intimó al exdirector del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Pástor Cárdenas, sobre quien pesa una orden de captura, para que en el plazo de cinco días se ponga a disposición de la justicia para cumplir su condena de siete años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, caso contrario, se ejecutará la caución real que se ofreció en su momento un inmueble ubicado en el distrito de La Catedral, propiedad de Emily Basilisa Rodríguez Moreira, por valor de G. 500.000.000.
Días atrás, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Víctor Ríos, Alberto Martínez Simón y el camarista Delio Vera Navarro, había dejado firme la condena del exdirector del Indert tras confirmar la resolución del Tribunal de Sentencia.
“Intimar a Justo Pástor Cárdenas para que, en el plazo de cinco días, se ponga a disposición ante este juzgado o, en su defecto, en una comisaría o penitenciaria habilitada a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en la resolución condenatoria, bajo apercibimiento de que en caso de no ponerse a disposición se procederá a la ejecución de la caución real que pesa sobre Finca N.° 8.905, departamento de la capital, distrito La Catedral”, dice la resolución.
Además, decretó el embargo preventivo sobre el inmueble mencionado, individualizado como Finca N.° 8.905 y las medidas de prohibición de innovar y contratar sobre el mismo.
El 25 de septiembre de 2023, el tribunal, integrado por Juan Carlos Zárate (presidente), María Fernanda García y Yolanda Portillo, condenó a Cárdenas a siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Según la resolución, quedó probado en el proceso judicial que Cárdenas no pudo justificar su aumento de patrimonio de más de G. 4.000.000.000. Los magistrados consideraron que ese monto sería producto de enriquecimiento ilícito. Cárdenas también afrontará el decomiso de sus bienes, acción que quedará a cargo de un juzgado de ejecución penal.
El tribunal también ordenó el comiso de USD 180.700 depositados en la sucesión de Elisa Nunes viuda de Cárdenas, además del inmueble ubicado en el barrio Loma Merlo, ciudad de Luque, que formaba parte del capital accionario de la ganadera JPC por un valor de G. 250.000.000.
Quedó probado durante el juicio que el acusado se enriqueció ilícitamente dentro de la función pública, ocultando sumas de dinero provenientes de un hecho antijurídico, integrando capital social tanto a su nombre como al de su madre e hijos, disimulando la procedencia y la adquisición de inmuebles, dice la Fiscalía.