El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, integrado por Gustavo Amarilla Arnica, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, declaró inadmisible por extemporáneo el estudio del recurso de apelación general interpuesto por el abogado Ramón Medina en representación del procesado Gustavo Ismael Britos Orlando y confirmó la prisión preventiva del imputado, decretada en su momento por el juez penal de Garantías Rodrigo Estigarribia.
Britos Orlnado era jefe de seguridad aeroportuaria del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi y funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil (Dinac). Fue imputado tras la incautación de un importante cargamento de oro que iba a ser enviado de forma ilegal a Panamá, en noviembre del año pasado.
La defensa presentó su apelación fuera de plazo. La resolución recurrida fue notificada el 10 de marzo del 2026 y el recurso fue interpuesto el 16 de marzo del 2026; es decir, habiendo ya vencido los 5 días corridos establecidos en la ley.
El 15 de noviembre del 2025 fueron incautados 22 kilos de lingotes de oro de 24 kilates valuado en USD 3.000.000, tras un operativo policial en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, donde fueron detenidos Aquiles José Andrés Denis di Lascio, Fernando Antonio Peralta Zaván y el propio Gustavo Ismael Britos Orlando.
Además de los lingotes, los investigadores se incautaron de notebooks, teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentos varios, que están en proceso de análisis por medio del laboratorio forense del Ministerio Público.
Los primeros análisis laboratoriales confirmaron que los lingotes contenían un porcentaje real de oro, aunque se trata de piezas de aleación metálica y no de oro puro. Estos resultados reforzaron la línea investigativa sobre un posible esquema de extracción, fundición o traslado irregular de metales preciosos.
El Ministerio Público ya abrió una investigación para determinar el origen del cargamento y si los detenidos forman parte de una red dedicada al tráfico de metales valiosos. Las autoridades buscan establecer si existió falsificación de documentos, contrabando o lavado de activos.