La representante del Ministerio Público demostró la autoría de ambas mujeres mediante testimonios, documentos, pericias y evidencias materiales que fueron expuestos con contundencia ante el Tribunal de Sentencia, el cual finalmente dictó las referidas condenas para ambas procesadas.
Según los antecedentes expuestos durante el juicio, las acusadas captaron a la adolescente utilizando la fachada de la fe, le prometieron una supuesta formación religiosa.
El calvario de la menor comenzó cuando una de las mujeres la retiró de su hogar, ubicado en el kilómetro 13 Acaray de Minga Guazú. Inicialmente fue trasladada a un establecimiento situado en el kilómetro 14 del mismo distrito. En ese primer punto, la víctima ya fue sometida a trabajos de servidumbre, maltratos y fue obligada a salir a las calles a vender pan y pedir limosnas. Posteriormente, fue llevada a su destino final en la ciudad de Luque, bajo la estricta custodia de la otra acusada.
Régimen de terror y aislamiento
Una vez en Luque, las condiciones empeoraron drásticamente. La menor sufrió un régimen que las autoridades catalogaron de servidumbre y trabajos forzados, acompañados de castigos físicos denigrantes.
Los informes del caso detallan agresiones sistemáticas a nivel físico y psicológico. Obligación de realizar tareas domésticas extenuantes, muchas veces prolongadas hasta altas horas de la madrugada y el aislamiento total, ya que las mujeres mantuvieron a la víctima incomunicada, le prohibieron regresar con su familia y recurrieron a amenazas constantes para asegurar su control.
El Ministerio Público detectó además que las acusadas coaccionaron a la adolescente para que le mintiera a sus familiares por teléfono sobre su situación real, obligándola a justificar su permanencia en el lugar con las supuestas religiosas.
Los informes médicos y psicológicos practicados a la adolescente tras su rescate confirmaron el severo daño sistemático infligido durante el tiempo que permaneció cautiva con las encausadas. Tras recibirse la denuncia formal del caso, la Unidad Especializada activó de inmediato los protocolos de protección integral para resguardar la integridad de la menor.
La representación pública logró así la detención de las involucradas, quienes finalmente enfrentaron el juzgamiento donde se determinó su responsabilidad penal.
El Tribunal de Sentencia que halló culpables a las falsas religiosas y dictó las penas de 11 y 10 años de cárcel estuvo integrado por la magistrada Luz Martínez y los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas.