Rubén Peña, director de Establecimientos Penitenciarios, confirmó la desarticulación de un plan de fuga en la Penitenciaría de Pedro Juan Caballero y brindó detalles sobre la reciente intervención integral en el penal de Minga Guazú.
El funcionario explicó que, mediante informaciones de inteligencia y monitoreo visual, se detectó a internos de la facción PCC manipulando los barrotes de sus celdas, lo que motivó un despliegue de fuerzas especiales de la Policía Nacional. Tras la requisa, se constató el corte de dos barrotes, resultando en el traslado de cuatro internos y dos supuestos instigadores a otros centros de reclusión, según se analizó en el espacio Espresso Informativo, a través de La Tribu 650 AM.
Esta compleja realidad operativa en las zonas fronterizas se complementa con la lucha interna contra la corrupción de los cuadros de custodia. El titular de la dependencia admitió que la presencia de armas blancas y dispositivos de comunicación en las celdas es consecuencia directa de la complicidad de funcionarios penitenciarios.
Ante esta situación, el Ministerio de Justicia ha adoptado una postura de tolerancia cero, logrando la desvinculación de 45 agentes solo en el mes de enero por diversas inconductas y falta de compromiso institucional. Para suplir estas vacantes, se iniciará un proceso de formación técnica y moral en el Comando de Artillería, buscando profesionalizar el servicio civil de vigilancia.
Intervenciones en Minga Guazú y depuración de agentes
En lo que respecta al operativo en Minga Guazú, la Dirección General movilizó a 140 agentes penitenciarios y ocho directores de penales para realizar una requisa simultánea en todos los pabellones. Los resultados de la operación fueron calificados como auspiciosos, ya que únicamente se detectó un aparato celular y dos conexiones eléctricas clandestinas, lo que asegura que el penal se encuentra actualmente bajo control administrativo.
Peña enfatizó que estas intervenciones serán cada vez más frecuentes para garantizar que las nuevas penitenciarías de alta seguridad mantengan los estándares de limpieza y disciplina necesarios para su funcionamiento al cien por ciento de su capacidad.
La gestión del personal sigue siendo el eje crítico de la reforma penitenciaria en curso. El director señaló que muchos de los agentes desvinculados presentaban un historial de reposos médicos injustificados y falta de asistencia, lo que comprometía la seguridad de sus compañeros y de la población penal.
El nuevo modelo de gestión busca reemplazar a los funcionarios bajo régimen de contrato por personal altamente capacitado, cuya instrucción se centrará en la ética profesional y la respuesta ante situaciones de crisis, evitando que las penitenciarías operen bajo la influencia de facciones criminales organizadas que operan desde el interior de los recintos.
Situación de Gianina García y régimen de máxima seguridad
Sobre la reclusión de Gianina García, esposa de Sebastián Marset, el director aclaró que se encuentra en el centro Martín Mendoza bajo un régimen cerrado especial. García presenta cuadros médicos de convulsiones y es monitoreada de forma permanente por el servicio de sanidad del penal. Según el reporte oficial, la interna se ha visto afectada anímicamente por los hechos de público conocimiento, pero se encuentra bajo la custodia de un equipo femenino de agentes penitenciarias capacitadas para manejar pabellones de máxima seguridad, garantizando tanto su integridad como el cumplimiento de los protocolos de encierro estipulados por la justicia.
El régimen de reclusión para este perfil de internos es estrictamente individual, permaneciendo en sus celdas 22 horas al día, donde también reciben su alimentación.
Cuentan con un derecho de dos horas diarias de baño de sol en espacios enrejados y limitados para realizar ejercicios físicos o caminatas. Las visitas están restringidas al círculo familiar primario y se realizan sin contacto físico, habiéndose habilitado un sistema de videoconferencias para que la interna mantenga comunicación con sus cuatro hijos menores de edad.
Rubén Peña reafirmó que este modelo de gestión busca revertir la imagen negativa del sistema penitenciario mediante el uso eficiente de los recursos y la aplicación rigurosa de la ley.