A pedido de los acusados Venancio Díaz Escobar y René Alejandro Medina Collar y de la fiscala Patricia Sánchez, quien se encontraba en un juicio oral, el juez penal de Garantías, especializado en delitos económicos y anticorrupción, Humberto Otazú suspendió ayer la audiencia preliminar para seis exdirectivos de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal, acusados por un supuesto perjuicio que supera los G. 2.808.195.680. El mencionado magistrado fijó fecha para la nueva audiencia para los días 13 y 14 de abril.
Aparte de Díaz y Medina, también están acusados Bernabé Peralta Antúnez, Juan Aristides Amarilla, Luis Alberto Caballero Candia y Viviana María Brioschi Capurro, todos exdirectivos de la Caja de Jubilaciones del Personal Municipal.
Tras un pedido de sobreseimiento provisional contra los ahora acusados, el 13 de febrero de este año, los fiscales Patricia Sánchez, Hernán Galeano y Natalia Silva pidieron la reapertura de la causa y formularon acusación contra estos seis exmiembros del Consejo de Administración de la Caja de Jubilados y Pensionados del Personal Municipal por la supuesta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza y cobro indebido de honorarios.
De acuerdo con la investigación fiscal, los acusados se habrían autoasignado sumas de dinero entre los años 2020 y 2023, por un total de G. 6.947.102.720, en concepto de dietas, gastos de representación y bonificaciones por responsabilidad en el cargo y gestión presupuestaria, beneficios que no estaban legalmente estipulados, pese a que la institución atravesaba una situación de alta morosidad.
La causa se inició tras la denuncia presentada el 25 de octubre del 2022 por jubilados y afiliados activos de la Caja Municipal, quienes pusieron en conocimiento del Ministerio Público supuestas irregularidades en la administración de la entidad.
En el marco de las diligencias investigativas, se constató que el 19 de diciembre del 2019 el Tribunal Electoral Independiente (TEI) de la Caja confirmó el resultado de las elecciones internas. Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), mediante un Acuerdo y Sentencia del 16/2020, resolvió hacer lugar un recurso de apelación, revocando parcialmente resoluciones anteriores y ordenando la exclusión del padrón electoral de afiliados pertenecientes a municipalidades en mora, así como la retroacción del proceso electoral hasta la etapa de elaboración del padrón, disponiéndose la realización de nuevas elecciones.
Según la acusación, pese a la situación jurídica del proceso electoral, el Consejo de Administración asumido el 23 de diciembre del 2019 se asignó bonificaciones y gratificaciones el 23 de enero del 2020, en el marco del Anexo A - Guía de Normas y Procesos del Presupuesto General de la Nación 2020. Igualmente, en fechas 28 de enero del 2021, 26 de enero del 2022 y 30 de enero del 2023, las mismas autoridades habrían vuelto a aprobar asignaciones similares.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que los acusados no estaban habilitados para percibir salarios correspondientes a los cargos de presidente y consejeros; sin embargo, entre los años 2020 y 2023 habrían percibido únicamente en concepto de dietas la suma total de G. 2.808.195.680, además de otros montos en concepto de gastos de representación y bonificaciones.