El exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto recusó al juez penal de garantías Humberto Otazú, con lo cual logró suspender una audiencia preliminar prevista en el caso Tajy.
En este caso, Prieto está procesado por autorizar compras supuestamente ficticias de insumos para la producción de productos panificados donde habría desembolsado un monto de 306 millones de guaraníes.
La audiencia preliminar se intenta realizar desde el año pasado, pero no se puede hacer hasta ahora por la presentación de incidentes por parte de Prieto. “El juez es muy parcialista y arbitrario”, dijo Prieto. Agregó que él presentó muchas pruebas en su defensa, que el magistrado no aceptó y que por eso le recusó.
La Fiscalía imputó a Prieto por lesión de confianza y asociación criminal, bajo los fundamentos de que no hay constancia en la administración municipal de Ciudad del Este de que se haya distribuido alimentos.
El hecho supuestamente ocurrió durante la pandemia, donde las compras en la citada comuna se hicieron para la fabricación de panes con el objetivo de distribuir a personas de escasos recursos, en ese tiempo.
Tajy Servicios Generales es la empresa involucrada en el caso, de ahí viene el nombre de caso Tajy, pese a que se investiga también a otra empresa denominada Vaneni SA. Supuestamente ambas empresas participaron en compras ficticias de Prieto.
En el mismo expediente están procesados también otras nueve personas, entre ellas el exdirector de Finanzas de la Municipalidad de Ciudad del Este Francisco Arrúa Álvarez; el dueño de la empresa Tajy, Buenaventura Morínigo, y los accionistas de la empresa Vaneni SA, Emili Vanesa, Florentin Páez y Robert Osmar Florentin.