El Ministerio de Justicia puso en marcha un ambicioso plan de reforma estructural en el sistema penitenciario con el objetivo de erradicar privilegios y recuperar el control institucional de los penales. La intervención busca transformar antiguas áreas de privilegio en espacios dedicados a programas de reinserción social y educativa, eliminando de raíz las estructuras de poder económico que se gestaron históricamente dentro de los muros. El operativo principal se centró en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde se procedió a la identificación de agentes que actuaban bajo las órdenes de organizaciones criminales.
Desmantelamiento de privilegios y recuperación de áreas administrativas
Durante una entrevista detallada para el programa “Espresso Informativo” por La Tribu 650 AM, el director de Institutos Penitenciarios, Rubén Peña, confirmó que la reciente intervención permitió recuperar toda el área administrativa que había sido ocupada ilegalmente por internos con alto poder económico. “Celdas VIP le llamamos a cualquier celda que se hacía alquilando un espacio u ocupando áreas que correspondían a la administración. Todo eso fue demolido y las áreas más lindas fueron inauguradas ayer como nuevas oficinas para el área educativa y social”, precisó el funcionario, subrayando que estos espacios ahora servirán para la formación de los internos.
Perfiles de los internos y el fin de los pabellones de lujo
Respecto a los perfiles de quienes ocupaban estos sectores de privilegio, el titular de la cartera penitenciaria aclaró que no se trataba necesariamente de líderes de facciones como el grupo Rotella, sino de internos con gran capacidad financiera. Entre los ocupantes figuraban pilotos bolivianos y personas procesadas por narcotráfico que lograban equipar sus propios espacios mediante el pago de alquileres informales. “Eran reclusos que están por narcotráfico, había algunos pilotos bolivianos. Rotella siempre estuvo en una celda en un pabellón más bien al fondo del penal”, detalló el director Rubén Peña, desmitificando la ubicación de ciertos cabecillas en estas áreas de lujo.
El desafío de la depuración: Agentes como empleados del crimen
Uno de los puntos más críticos expuestos por el responsable de las cárceles fue la infiltración de la corrupción en el cuerpo de custodia. Se procedió al traslado de aproximadamente 40 agentes penitenciarios de Tacumbú hacia otras dependencias luego de detectarse que muchos de ellos respondían directamente a mandatos de organizaciones criminales y no a la jerarquía estatal. “Había agentes que claramente eran como sus empleados, y esos fueron trasladados a otras instituciones”, admitió el funcionario, reconociendo que la estabilidad laboral de los nombrados dificulta una desvinculación inmediata sin procesos sumarios extensos ante otros organismos del Estado.
Formación de nuevos cuadros y brecha de seguridad
Para paliar el déficit de confianza y personal, el Ministerio se encuentra en un proceso intensivo de capacitación de 500 nuevos agentes penitenciarios que serán destinados prioritariamente a las nuevas cárceles de Minga Guazú y Martín Mendoza. Sin embargo, la brecha de personal sigue siendo un obstáculo para el funcionamiento óptimo del sistema a nivel nacional. “Debemos contratar alrededor de 800 agentes penitenciarios para que las mismas puedan funcionar al 100 por ciento. El énfasis principal es la capacitación y todos están en las nuevas penitenciarías”, puntualizó el director Rubén Peña, señalando que la renovación del plantel es la única vía para garantizar la seguridad.
Seguridad en Minga Guazú y optimización del monitoreo
Sobre la operatividad de la cárcel de máxima seguridad en el Alto Paraná, el funcionario confirmó que se subsanaron las fallas técnicas en el sistema de monitoreo que impidieron una vigilancia efectiva en meses anteriores desde la capital. “El centro de monitoreo está conectado actualmente. Había un problema técnico por la tecnología superior de las nuevas cárceles respecto a nuestra central en Asunción, pero eso fue corregido”, explicó. Además, informó sobre requisas recientes en varios pabellones de Minga Guazú y la reparación de garitas para fortalecer el perímetro de seguridad del recinto modelo que busca ser ejemplo de gestión.
Hacinamiento y la segregación de facciones criminales
Finalmente, el director Rubén Peña se refirió a la crisis de hacinamiento que atraviesa el país tras haber sobrepasado la cifra de 20.000 personas recluidas en todo el sistema. En el caso específico de Tacumbú, la población actual ronda los 2.100 internos para una capacidad real de 1.556 plazas. Esta sobrepoblación obliga al sistema a mantener pabellones exclusivos para miembros del Primer Comando Capital (PCC) y del grupo Rotella para evitar enfrentamientos violentos. “Hoy día lo que tenemos son, en varias penitenciarías, pabellones exclusivos para miembros de las organizaciones. Es nuestra responsabilidad la vida de cada una de las personas que llegan a nuestro sistema”, concluyó.