El “pimponeo” entre la magistratura judicial y el Ministerio Público se verificó en la respuesta que dio esta institución al juez. El fiscal general, Emiliano Rolón Fernández, envió un escrito donde ratificó a los fiscales en su labor y estos, a su vez, confirmaron la imputación.
El 18 de febrero, el juez Osmar Legal devolvió a la Fiscalía la imputación presentada contra el exministro de Obras, Arnoldo Wiens, por falta de fundamentos. Ahora, la Fiscalía ratifica su presentación y crítica al magistrado por no fundamentar su decisión.
Los fiscales Giavanni Grisetti, Nathalia Silvia y Yeimy Adle hicieron su presentación el 13 de febrero contra Wiens. Le imputaron por lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. El documento reconstruye decisiones administrativas y operativas tomadas durante la gestión de Wiens y sostiene que esas determinaciones generaron un perjuicio al Estado y la destrucción de infraestructura ya ejecutada.
El juez Osmar Legal, interino de su colega Humberto Otazú, devolvió la imputación el 18 de febrero por defectos insanables, que incluyó la falta de fundamentación de la misma y por deficiencias de fondo y de forma. Criticó a los fiscales por no subsumir los hechos en los tipos penales previstos en el código de fondo.
Sin embargo, ahora los fiscales ratifican la imputación y sostienen que el juez legal es el que no da la razón de su rechazo considerando que la presentación no es aún una acusación, sino el inicio de una investigación que luego se irá profundizanda. “Es la etapa de colección de elementos de cargo y de descargo, la cual es crucial para dilucidar la circunstancia de los hechos y la determinación de una calificación jurídica definitiva”, dicen los fiscales.
Los fiscales agregan que es el juez el que se aparte de su deber de fundamentar al no expresar de manera razonada cuál será el defecto sustancial que hubiera justificado la no admisión”.
Wiens fue imputado porque durante su administración se adoptaron medidas que habrían significado usar fondos públicos de manera antieconómica y, además, dañar o eliminar obras existentes. La Fiscalía sostuvo que hubo un quiebre del deber de cuidado y administración de recursos estatales, y que la forma de proceder o de cancelar las construcción se apartó de estándares técnicos mínimos exigibles para intervenir una obra pública de esa magnitud.
La imputación resalta la referencia a la demolición de estaciones del corredor (mencionadas como Estaciones 19 a 24), obras que —según el Ministerio Público— ya habían sido construidas y pagadas, y que luego fueron derribadas bajo la gestión de Wiens.
Subraya que esas demoliciones se realizaron sin un informe técnico previo que las justificara adecuadamente, lo cual, a su criterio, convierte la medida en un acto lesivo: se destruye infraestructura pública ya financiada, sin sustento técnico robusto que explique por qué no podía ser utilizada, reformada o incorporada al rediseño del proyecto.
Según la imputación, el cálculo preliminar indica que el daño causado al Estado paraguayo con la cancelación de la construcción del metrobús sería de 180 mil millones de guaraníes o 23 millones de dólares.