La administración actual del Instituto de Previsión Social (IPS) salió al paso de los cuestionamientos sobre el uso del rubro destinado a gastos judiciales para honrar deudas con proveedores de servicios básicos que fueron devengadas en ejercicios anteriores.
En una extensa entrevista con el programa Tribu Nativa, por La Tribu 650 AM, la abogada Jorgelina Gómez, jefa del departamento de Dictámenes y Contratos de la previsional, detalló el mecanismo técnico utilizado para transparentar pagos de servicios esenciales que fueron prestados de manera irregular durante la gestión de Vicente Bataglia y que amenazaban con colapsar las finanzas institucionales mediante demandas civiles.
El vicio del objeto de gasto 845 y la herencia administrativa
La doctora Gómez explicó que, al asumir la nueva administración en agosto de 2023, se encontraron con un escenario crítico: contratos vencidos de servicios imprescindibles como limpieza, alimentación y mantenimiento que seguían ejecutándose por fuera de todo rigor de la Ley de Contrataciones Públicas. Según el relato de la funcionaria, el Consejo de Administración anterior permitía que estos servicios continuaran una vez finalizada la vigencia contractual, realizando los pagos bajo la figura del objeto de gasto 845, correspondiente a indemnizaciones. Esta práctica ya había sido advertida como una imprecisión contable grave por auditorías externas contratadas por la propia administración anterior en el año 2022.
Ante esta situación, el actual presidente de la previsional, Jorge Brítez, solicitó la suspensión de los pagos bajo dicha modalidad hasta que la auditoría interna pudiera investigar caso por caso. Gómez subrayó que las empresas proveedoras exigían mediante notas el pago en plazos de 48 horas bajo amenaza de iniciar demandas judiciales por reconocimiento de deuda, lo que hubiera implicado para el IPS un perjuicio mayor al tener que enfrentar no solo la deuda principal, sino también intereses, costas y honorarios profesionales de terceros.
El dictamen del MEF y la homologación judicial
Para subsanar la imposibilidad de contar con códigos de contratación de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) sobre servicios ya prestados, el IPS recurrió al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El dictamen resultante recomendó agotar las instancias administrativas y judiciales para evitar un enriquecimiento sin causa por parte de la institución. En consecuencia, se decidió migrar estos pagos al rubro 915, correspondiente a gastos judiciales, pero con la condición innegociable de contar con una homologación judicial previa.
La funcionaria fue enfática al desmentir que se estén realizando pagos de forma arbitraria o extrajudicial simple. El protocolo actual exige la certificación del administrador del contrato, un informe detallado de auditoría interna, la verificación de disponibilidad presupuestaria y, finalmente, la firma de un juez que convalida el acuerdo entre las partes. Ninguno de los pagos realizados por esta administración carece de una sentencia del Poder Judicial, aseguró Gómez, resaltando que este mecanismo se ajusta estrictamente a la guía práctica 605/2022 emitida por la Contraloría General de la República para regularizar este tipo de situaciones administrativas.
Ventaja económica y protección de servicios sensibles
Uno de los puntos clave destacados por la jefa de Dictámenes es que estos acuerdos permiten al IPS saldar sus deudas con una ventaja financiera significativa. En los convenios de pago, los proveedores renuncian expresamente a cualquier reclamación de honorarios profesionales o costos judiciales, limitándose a percibir únicamente el monto certificado por el servicio efectivamente entregado. Esta medida busca el daño menor para el patrimonio de los asegurados, evitando el festín de honorarios que suelen acarrear los juicios ordinarios contra el Estado.
Finalmente, Gómez recordó que la regularización de estas deudas es una cuestión de supervivencia operativa para los centros médicos. La falta de pago a proveedores de limpieza o insumos de quirófano sometería a los médicos a trabajar en ambientes no sanitizados, poniendo en riesgo la salud de los pacientes. El mensaje de la previsional para la ciudadanía es de transparencia absoluta, asegurando que todas las cuentas están a disposición de los órganos de control y que el uso del rubro judicial es la vía legal y contable correcta para sanear años de desorden administrativo.