El juez Humberto Otazú fue el que otorgó el beneficio de la suspensión condicional de procedimiento a Danna Maricel y Johana Denisse Giménez Rotela, hijas del diputado liberal Cleto Giménez, acusadas de percibir 77 millones de guaraníes de la Cámara de Diputados sin haber trabajado
El juez hizo esto a cambio de que las procesadas cumplan medidas sustitutivas, como no cambiar de domicilio, presentarse al juzgado mensualmente a firmar, entre otras.
El magistrado explicó que se hizo una audiencia donde participaron representantes de la Fiscalía, de la Procuraduría y las procesadas. Ellas propusieron la devolución y el juzgado aceptó, pero le impuso una pena: donar el monto igual a instituciones de beneficencia. Las procesadas aceptaron y, por lo tanto, se evitó el juicio oral y público, según su explicación.
Cerrado el caso en el juzgado penal, el expediente pasó al juzgado de ejecución, a cargo de la magistrada Sandra Kirchhofer, que declaró la extinción de la acción penal contra Johanna Denisse y Danna Maricela Giménez Rotela, procesadas por cobro indebido de honorarios. La magistrada resolvió el sobreseimiento definitivo de las mismas y posterior archivo de la causa.
Sin embargo, la misma magistrada advierte que si las procesadas no cumplen con las medidas que fueron impuestas y aceptadas por ellas mismas, se revocarán las medidas sustitutivas y el caso tendrá que discutirse en un juicio, que fue lo que se evitó. El juzgado de ejecución penal se encarga de controlar el cumplimiento de la sentencia o resolución que surja de los juzgados penales de garantías.
Cuando se realizó la audiencia ante el juez Humberto Otazú, los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Francisco Cabrera aceptaron las propuestas de las hijas del diputado Cleto Giménez, informó el citado magistrado. También señaló que otro punto a favor que tuvieron las procesadas es que ellas no tienen antecedentes penales y se sometieron a todas las etapas del proceso penal.
Según la acusación de la Fiscalía, las dos mujeres fueron contratadas por la Cámara de Diputados y sus contratos no establecen que ellas deben dejar de registrar su horario de entrada y de salida de dicha institución. Al contrario, se sometieron al régimen jerárquico establecido en el reglamento interno y conforme a la asignación de la Dirección de Recursos Humanos, en el horario establecido por dicha Cámara del Congreso Nacional.
Sin embargo, ellas no acudían a sus lugares de trabajo y por eso fueron procesadas por cobro indebido de honorarios. Ahora, con el compromiso de la devolución de lo cobrado más el monto igual de donación a instituciones de beneficencia, se cierra el caso en el juzgado penal, salvo la excepción de que ellas no cumplan con lo prometido. En ese caso, el juez penal abrirá el juicio.