Además del exintendente de Ciudad del Este, están para ir al banquillo de los acusados 9 personas más por hechos de lesión de confianza, según la acusación fiscal.
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, presidido por el camarista Camilo Torres, confirmó la resolución del juez penal de Garantías Humberto Otazú, quien elevó a juicio oral y público la causa del exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y de otras 9 personas, acusadas por lesión de confianza en la causa conocida como Tía Chela.
En la misma causa se encuentran: Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez.
La lista sigue con: Higinio Raimundo Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo y Fermín Ávalos Britos.
Los abogados defensores, Derlys Damián Martínez y Gilda María Portillo, habían pedido la nulidad absoluta de la acusación de todos los acusados, la exclusión probatoria y además pidieron el sobreseimiento de los procesados por falta de pruebas; sin embargo, la Cámara no ve vicios en la resolución judicial de primera instancia.
“Los motivos expuestos como agravios por el apelante no enervan la decisión del juez, quien para denegar, ha cumplido con los presupuestos del artículo 125 del Código Procesal Penal y al no advertir vicios de nulidad que lo invaliden y que el mismo ha sido dictado en observancia de las formas previstas en la leyes que nos rigen, corresponde admitir el recurso interpuesto y confirmar el fallo impugnado, en todas sus partes”, sostiene el tribunal, confirmando la elevación de la causa a juicio oral.
En el caso Tía Chela, el Ministerio Público acusó a Miguel Prieto y a otras diez personas por la presunta comisión de lesión de confianza y asociación criminal. Según la investigación, durante la pandemia del 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000, mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora.
En el caso Tajy, están acusados el exintendente Miguel Prieto, Francisco Raimundo Arrúa Álvarez (exdirector de Administración y Finanzas de la comuna) y otras ocho personas. La Fiscalía les atribuye los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
De acuerdo con la acusación, el 11 de junio del 2020 los procesados habrían ocasionado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a la Municipalidad de Ciudad del Este, a través de un pago irregular a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes, tras un procedimiento diseñado para beneficiar exclusivamente a dicha firma.