La recusación es supuestamente por encontrarse comprometidas las garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio, plazo razonable, prohibición de reabrir procesos fenecidos y legalidad estricta que deben regir en la actuación del Ministerio Público.
Alfredo Enrique Kronawetter y Federico Huttemann, los abogados del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Arnoldo Wiens, recusaron a los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grissetti y Natalia Silva por supuesta parcialidad manifiesta y falta de objetividad, quienes lo imputaron por lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo, por generar un supuesto perjuicio millonario por el fallido proyecto del metrobús.
La recusación es supuestamente por encontrarse comprometidas las garantías constitucionales del debido proceso, defensa en juicio, plazo razonable, prohibición de reabrir procesos fenecidos y legalidad estricta que deben regir en la actuación del Ministerio Público.
“Existe una constatación objetiva de un patrón de actuación que revela un apartamiento sistemático del deber de objetividad que impone la Constitución Nacional y el propio Código Procesal Penal”, dice el escrito de la recusación.
La imputación de Wiens, del 13 de febrero del 2026, la Fiscalía reconstruye decisiones administrativas y operativas tomadas durante la gestión del exministro de Obras Públicas y sostiene que esas determinaciones generaron un perjuicio al Estado y la destrucción de infraestructura ya ejecutada.
La imputación plantea que, ya con el proyecto Metrobús heredado y con obras avanzadas (incluyendo estaciones), durante la administración de Wiens se adoptaron medidas que habrían significado usar fondos públicos de manera antieconómica y, además, dañar o eliminar obras existentes.
La Fiscalía no se limita a cuestionar “errores” de gestión: afirma que hubo un quiebre del deber de cuidado y administración de recursos estatales, y que la forma de proceder se apartó de estándares técnicos mínimos exigibles para intervenir una obra pública de esa magnitud.
Como ministro, Wiens tenía el deber de administrar y proteger los recursos del Estado. La Fiscalía sostiene que las decisiones cuestionadas, especialmente la demolición de estaciones, se alejaron de ese deber porque implicaron eliminar obras ya ejecutadas, con desembolsos públicos previos, sin un soporte técnico proporcional a la gravedad de la medida.
De acuerdo con la imputación, el extitular del MOPC es sindicado de haber ocasionado un supuesto perjuicio patrimonial de G. 6.924.624.006, monto que había sido abonado por el Estado para la construcción de estaciones del tramo 3 del corredor central del Bus de Tránsito Rápido (BTR), sobre la Ruta PY02 Mariscal Estigarribia, entre las ciudades de San Lorenzo y Fernando de la Mora, departamento de Central. Dichas estructuras fueron demolidas durante su administración.
Asimismo, la investigación señala un segundo perjuicio por G. 8.030.693.029, correspondiente al pago efectuado a la empresa Mota Engil Ingeniería y Construcción SA, en concepto de trabajos acordados en el Acta de Entendimiento, que presuntamente habrían sido imputados a la suma provisional destinada a obras y gastos de contingencia.