La causa penal N.° 4310/2018, vinculada a las obras del Metrobús/BTR sobre la ruta PY02, sumó un nuevo capítulo con la imputación formal del exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens, a quien el Ministerio Público atribuye la comisión de lesión de confianza y daño a obras construidas o medios técnicos de trabajo. El documento central es el Acta de Imputación fechada el 13 de febrero de 2026, en la que la Fiscalía reconstruye decisiones administrativas y operativas tomadas durante la gestión de Wiens y sostiene que esas determinaciones generaron un perjuicio al Estado y la destrucción de infraestructura ya ejecutada.
De qué trata la imputación
En términos simples, la imputación plantea que, ya con el proyecto Metrobús heredado y con obras avanzadas (incluyendo estaciones), durante la administración de Wiens se adoptaron medidas que habrían significado usar fondos públicos de manera antieconómica y, además, dañar o eliminar obras existentes. La Fiscalía no se limita a cuestionar “errores” de gestión: afirma que hubo un quiebre del deber de cuidado y administración de recursos estatales, y que la forma de proceder se apartó de estándares técnicos mínimos exigibles para intervenir una obra pública de esa magnitud.
Por qué se da (el “núcleo” del caso contra Wiens)
El eje más sensible del acta es la referencia a la demolición de estaciones del corredor (mencionadas como Estaciones 19 a 24), obras que —según el Ministerio Público— ya habían sido construidas y pagadas, y que luego fueron derribadas bajo la gestión de Wiens. La Fiscalía subraya que esas demoliciones se realizaron sin un informe técnico previo que las justificara adecuadamente, lo cual, a su criterio, convierte la medida en un acto lesivo: se destruye infraestructura pública ya financiada, sin sustento técnico robusto que explique por qué no podía ser utilizada, reformada o incorporada al rediseño del proyecto.
Además, el acta expone que cada estación implicaba inversiones significativas (la Fiscalía menciona montos por estación), por lo que el derribo no sería un hecho menor o simbólico, sino un punto con impacto económico concreto. En ese marco, el razonamiento fiscal es que una autoridad con control del proyecto y del presupuesto no puede disponer la destrucción de bienes públicos sin trazabilidad técnica y administrativa, porque eso abre la puerta a un daño patrimonial y a una afectación directa del interés público.
Los argumentos que justifican la imputación según la Fiscalía
El Ministerio Público organiza su imputación alrededor de tres líneas argumentales:
- Deber de resguardo del patrimonio público. Como ministro, Wiens tenía el deber de administrar y proteger los recursos del Estado. La Fiscalía sostiene que las decisiones cuestionadas —especialmente la demolición de estaciones— se alejaron de ese deber porque implicaron eliminar obras ya ejecutadas, con desembolsos públicos previos, sin un soporte técnico proporcional a la gravedad de la medida.
- Ausencia de justificación técnica suficiente. La imputación remarca la falta (o insuficiencia) de documentación técnica previa que sustente las demoliciones. En la lógica fiscal, cuando una intervención destruye obra pública, la exigencia de motivación técnica es máxima: debe existir un respaldo claro, objetivo y verificable que explique por qué esa obra era inviable o peligrosa, y por qué la demolición era la única alternativa razonable.
- Daño a obra pública como conducta punible. La Fiscalía encuadra el caso no solo como un posible perjuicio económico (lesión de confianza), sino también como un hecho que encaja en la figura de daño a obras construidas o a medios técnicos de trabajo, al entender que el derribo afectó infraestructura del Estado vinculada a un servicio y a un proyecto de transporte.
El segundo escrito incorporado al expediente —también fechado el 13 de febrero de 2026— pide la reapertura y a la vez presenta un requerimiento conclusivo de sobreseimiento definitivo para Ramón Giménez Gaona y Martha Benítez, es decir, solicita cerrar la persecución penal respecto de ellos. Ese movimiento procesal deja más nítido el foco en Wiens: mientras para los primeros imputados la Fiscalía sostiene que no corresponde avanzar hasta juicio, para el exministro sí afirma que hay base para imputar y profundizar la investigación.
En síntesis, la imputación contra Arnoldo Wiens se apoya en una idea central: bajo su administración se adoptaron decisiones que habrían destruido obra pública ya construida y pagada, sin respaldo técnico suficiente, causando un perjuicio al Estado, lo que —según el Ministerio Público— justifica atribuirle responsabilidad penal y solicitar que el caso avance a la siguiente fase investigativa.