En comunicación con el programa “Tribu Nativa” de La Tribu 650 AM, Prieto expuso la dramática situación que atraviesan e instó al Ministerio Público a tomar medidas organizativas urgentes.
Desde la coordinadora solicitan formalmente al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, la unificación de todas las causas en un solo expediente judicial y la creación de una unidad especializada que dé seguimiento real a las denuncias.
Datos “maquillados” y contraste de realidades
Prieto fue contundente al criticar la reciente comparecencia de los ministros de la Corte Suprema de Justicia ante la Comisión Permanente del Congreso. Según la representante, los informes presentados no reflejan la realidad de los juzgados.
“Se hacen reuniones a escondidas, se pasan unos PowerPoint maquillados y no se tiene en cuenta a las víctimas reales. La Corte Suprema nos está maquillando los datos y hace entender que nosotros somos los delincuentes”, lamentó Prieto.
La indignación de las víctimas aumentó recientemente tras el anuncio de la adquisición de una flota de camionetas de alta gama para uso estatal, motivo por el cual publicaron un comunicado el pasado 11 de febrero exigiendo la intervención de la Contraloría General de la República.
El contraste es abismal: mientras se aprueban compras de lujo, las víctimas relatan historias de pobreza extrema a causa de los embargos irregulares. Prieto citó el caso de docentes indígenas en el interior del país a quienes, tras los descuentos judiciales, solo se les acredita la suma de 17.000 guaraníes de salario.
El peso del fraude: Deber 1 millón y pagar más de 100 millones
Para ilustrar el “circo” en el que se ha convertido el sistema judicial y financiero, Prieto expuso su caso personal, el cual refleja el modus operandi de este esquema:
- Deuda original: 1.000.000 de guaraníes.
- Monto inflado: La supuesta deuda llegó a figurar por 358 millones de guaraníes en un periodo de tres años.
- Monto ya abonado: Prieto cuenta con documentos que certifican la cancelación de 104.037.000 guaraníes.
- Situación actual: A pesar de haber cancelado la deuda cien veces por encima de su valor original, la docente sigue sufriendo tres embargos activos.
Además, denunció irregularidades con la empresa de calificación crediticia (Equifax), afirmando que a los ocho días de lograr levantar un embargo judicial, la misma demanda vuelve a aparecer activa en el sistema.
Una lucha que cuesta vidas y recursos
Se estima que existen unas 17.000 víctimas a nivel nacional, entre las que se encuentran docentes, madres solteras e indígenas. Mantener las movilizaciones representa un desgaste físico y económico monumental para ellos.
Los afectados, muchos del interior del país, deben salir en la madrugada, hacer “vaquitas” para poder desayunar una tortilla en Asunción y lidiar con el miedo a perder sus empleos por ausentarse a sus puestos de trabajo, como es el caso de los docentes en etapa de pre-clase.
“Muchos ya murieron, se suicidaron o infartaron. Colegas que hoy no tienen voz y por los cuales nosotros estamos hablando. Estamos en alerta constante”, finalizó la coordinadora, dejando en claro que, a pesar de la asfixia económica y el cansancio de 10 años de lucha, no abandonarán las calles hasta obtener justicia.