Camilo Benítez juró por un nuevo periodo al frente de Contraloría

Camilo Benítez juró para un nuevo periodo como contralor general (2026-2031) junto al subcontralor Armindo Torres. Prometen reforzar el control del gasto público.

| Por La Tribuna
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Camilo Benítez juró como contralor general para el periodo 2026-2031Gentileza Diputados

El Dr. Camilo Benítez juró oficialmente ante el Congreso Nacional para un nuevo mandato constitucional como titular de la Contraloría General de la República (CGR).

Con este acto solemne, el funcionario consolida su continuidad al frente del órgano de control gubernamental por un periodo de cinco años, que iniciará formalmente el 2 de noviembre de 2026 y se extenderá hasta el 1 de noviembre de 2031.

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Durante la misma sesión prestó juramento Armindo Torres como subcontralor general. Benítez elogió la designación de su nuevo segundo al mando y ponderó su perfil técnico, recordando que se trata de un profesional de extensa trayectoria dentro de la entidad: «Es una persona que conoce minuciosamente la estructura institucional y la dinámica de trabajo, lo cual garantiza solidez inmediata en los procesos de fiscalización», remarcó.

Continuidad técnica y prioridades de gestión

Al trazar las líneas de su nueva etapa al frente del organismo fiscalizador, Benítez ratificó que mantendrá la firmeza en las auditorías sobre las instituciones del Estado y el uso de los fondos públicos.

«No vamos a claudicar en el trabajo que iniciamos hace varios años al frente de la institución; ese rigor técnico seguirá siendo nuestro eje central en este nuevo periodo», puntualizó el contralor general tras su confirmación en el cargo.

Con este nuevo mandato, la Contraloría apunta a consolidar su autonomía técnica y optimizar los plazos de remisión de informes periciales al Ministerio Público ante eventuales indicios de hechos punibles contra el patrimonio público.

Prioridades institucionales fijadas

Modernización del cruce de datos: Fortalecimiento de las herramientas digitales para la detección temprana de irregularidades patrimoniales en declaraciones juradas.

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Control preventivo del gasto: Monitoreo en tiempo real de licitaciones públicas y programas sociales clave, con especial foco en compras públicas de gran envergadura.

Transparencia y acceso ciudadano: Profundización de las políticas de datos abiertos para que la ciudadanía pueda consultar auditorías e informes de gestión en plataformas digitales.

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