Paraguay ha dado un nuevo paso en la regulación sanitaria con la entrada en vigencia de la Resolución N.º 488/2025, emitida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa). Esta nueva disposición ordena y refuerza los mecanismos para el uso del cannabis medicinal en el país, estableciendo un estricto protocolo para su comercialización.
La medida principal habilita la venta de productos medicinales derivados de la marihuana, pero bajo condiciones rigurosas, exclusivamente bajo prescripción médica y mediante receta cuadruplicada.
Circuito controlado y fin de la venta informal
La normativa es tajante respecto a los canales de distribución. A partir de ahora, estos productos solo podrán ser dispensados en farmacias y dispensarios debidamente autorizados, excluyendo cualquier otra forma de comercialización.
El objetivo declarado por la autoridad sanitaria es asegurar la trazabilidad de los productos desde su origen hasta el paciente, controlando el circuito de venta para garantizar la seguridad sanitaria y evitar desvíos al mercado ilegal.
Evolución, no revolución
Lejos de representar una legalización del uso recreativo o un cambio drástico de rumbo, la resolución se presenta como una evolución administrativa del marco legal que rige en Paraguay desde 2018. En aquel año, se aprobó la ley que habilitó el uso terapéutico de la planta y sus derivados.
La nueva Resolución N.º 488/2025 llega para llenar vacíos operativos, ordenando la aplicación práctica de la ley con un enfoque puramente médico y sanitario.
El rol central del médico
La reglamentación empodera a los profesionales de la salud, quienes quedan habilitados para prescribir cannabis medicinal para el tratamiento de síntomas asociados a diversas patologías, siempre bajo los criterios definidos por Dinavisa.
La exigencia de la receta cuadruplicada es el mecanismo clave de esta fiscalización, diseñado para reforzar el registro de los tratamientos y asegurar que el uso de la sustancia sea estrictamente terapéutico y cuente con seguimiento profesional constante.
Con esta normativa, Paraguay busca consolidar un esquema regulado alineado con estándares internacionales, priorizando la salud pública y el control estatal sobre la sustancia.