En Paraguay, muchas promesas públicas terminan chocando con una realidad institucional simple: hay decisiones que un Presidente puede impulsar, pero no ejecutar por sí solo. Cuando una reforma necesita una ley, modifica impuestos, compromete deuda, cambia reglas estructurales o altera el Presupuesto General de la Nación, el Congreso pasa a ser parte indispensable de la solución.
La Constitución Nacional organiza el Estado en tres poderes independientes, equilibrados y coordinados. El Poder Legislativo, integrado por las cámaras de Senadores y Diputados, tiene entre sus funciones estudiar, debatir y sancionar leyes, representar a la ciudadanía, controlar acciones del Gobierno y analizar y aprobar el Presupuesto General de la Nación.
Ese reparto de competencias modifica la forma de evaluar una propuesta.
El Poder Ejecutivo puede fijar prioridades, preparar proyectos y enviar iniciativas al Parlamento. El Presidente también elabora la propuesta anual del Presupuesto General de la Nación. Pero el Congreso tiene la atribución de estudiar y aprobar ese presupuesto, además de legislar en materia tributaria, autorizar empréstitos y aprobar o rechazar tratados internacionales.
Por eso, una candidatura que prometa aumentar determinado gasto necesita explicar algo más que el objetivo. Debe señalar cuánto costará, de dónde saldrán los recursos y qué modificaciones necesitarán aprobación legislativa.
Lo mismo ocurre con los impuestos.
Cambiar tasas, crear tributos o modificar reglas tributarias no depende únicamente de una decisión administrativa. Requiere legislación. El debate puede originarse en el Ejecutivo, en legisladores o en distintos sectores de la sociedad, pero la modificación de la norma debe atravesar el Congreso.
La deuda pública ofrece otro ejemplo. Un Gobierno puede identificar una obra o programa que requiera financiamiento, negociar condiciones y defender su conveniencia. Cuando la operación exige autorización legislativa, la decisión final no queda solamente en manos del Ejecutivo.
Ese mecanismo no debería interpretarse como un obstáculo excepcional. Forma parte del sistema de controles y distribución del poder.
El Congreso también puede modificar una política antes de aprobarla. Un proyecto enviado por el Ejecutivo puede recibir cambios durante su estudio en comisiones y en ambas cámaras. Una propuesta presidencial, por tanto, no garantiza que la norma finalmente sancionada conserve exactamente el diseño original.
La diferencia ya fue planteada en una entrega anterior de Proyecto Paraguay sobre las atribuciones presidenciales: el jefe del Ejecutivo puede presentar un proyecto de ley, pero no asegurar su aprobación. También puede proponer recursos para una política pública, mientras el Parlamento conserva atribuciones sobre el presupuesto.
Esto resulta especialmente relevante en educación, salud, empleo e infraestructura.
Un ministerio puede modificar programas, reorganizar procedimientos o reasignar determinadas prioridades dentro de sus competencias. Pero una transformación que necesite nuevos marcos legales, cambios tributarios o recursos adicionales puede depender de decisiones legislativas.
También existen atribuciones propias de cada cámara. En materia de juicio político, por ejemplo, la Cámara de Diputados puede formular acusaciones en los casos previstos constitucionalmente y el Senado tiene a su cargo el juzgamiento público correspondiente.
El Congreso cumple además una función de control político. Esa tarea no equivale a administrar ministerios ni ejecutar obras. Permite pedir explicaciones, debatir actuaciones del Gobierno y ejercer los mecanismos de fiscalización establecidos por la Constitución y las leyes.
Conviene mantener esa distinción.
Una ley aprobada tampoco garantiza que el problema quede resuelto. Después de la sanción comienza la etapa de ejecución, que puede corresponder al Poder Ejecutivo, organismos descentralizados, municipios, gobernaciones u otras instituciones según la materia.
El Congreso puede aprobar recursos para un hospital. No administra ese hospital.
Puede sancionar una reforma educativa. No dirige cada escuela.
Puede autorizar financiamiento para infraestructura. No construye directamente la ruta.
Proyecto Paraguay propone incorporar esta división de responsabilidades al seguimiento de las políticas públicas. Cada promesa debería identificar qué necesita una ley, qué depende del presupuesto, qué mayoría legislativa requiere y qué institución deberá ejecutar después.
Esa precisión permitirá evaluar mejor las propuestas rumbo a 2028.
Cuando una medida necesite al Congreso, no bastará con preguntar qué quiere hacer el próximo Gobierno. También habrá que saber qué norma deberá cambiar, cuánto costará, cómo se financiará y qué parte del resultado dependerá de Senadores y Diputados.
La responsabilidad pública se vuelve más fácil de medir cuando cada institución responde por la parte que realmente le corresponde.