Aprobar un Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial no ordena por sí solo una ciudad. El documento puede definir zonas residenciales, industriales o mixtas, corredores viales, áreas de protección y reglas para loteamientos. Su utilidad empieza a comprobarse cuando los permisos, el presupuesto, las obras y las decisiones municipales siguen esas definiciones.
La Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal asigna a los gobiernos locales competencias sobre planificación territorial, delimitación de áreas urbanas y rurales, uso del suelo, loteamientos, construcciones, desagües, residuos, tránsito, ambiente y patrimonio. También establece como instrumentos básicos el Plan de Desarrollo Sustentable y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT).
Un registro del Ministerio de Economía y Finanzas citado en trabajos previos de La Tribuna enumeraba en mayo de 2026 48 distritos con planes aprobados por ordenanza, mientras otros 33 estaban en elaboración o con trámites pendientes. Frente a los 263 distritos registrados por el INE, menos de uno de cada cinco figuraba en la nómina de planes aprobados.
Esa cifra, sin embargo, mide la existencia del instrumento, no su aplicación.
La experiencia recogida en entrevistas municipales permite ver la diferencia. En Bella Vista, autoridades locales explicaron que el ordenamiento territorial permitió delimitar zonas industriales, mixtas y espacios específicos para actividades de transporte. También señalaron que el crecimiento de granjas porcinas, avícolas y barrios cerrados obligó a revisar el instrumento porque algunas de esas actividades no habían sido suficientemente contempladas en la primera versión.
Un POUT, entonces, necesita actualización. Las ciudades cambian, aparecen nuevas actividades económicas y se modifican las demandas sobre calles, servicios y suelo. Para seguir siendo útil, el plan requiere indicadores, revisiones periódicas e información actualizada.
La aplicación también se comprueba en los permisos municipales. Si una zona fue definida para uso industrial, las nuevas instalaciones deberían concentrarse allí. Si un área está protegida, las autorizaciones incompatibles tendrían que rechazarse. Si existen restricciones sobre loteamientos, los permisos deben reflejarlas.
Cuando eso no ocurre, el plan queda reducido a un documento de referencia.
El presupuesto ofrece otra forma de medirlo. La Ley Orgánica Municipal vincula el ordenamiento territorial con la planificación del desarrollo. Calles, drenajes, transporte, recolección, iluminación y equipamientos públicos deberían priorizarse de acuerdo con el crecimiento previsto y los usos asignados a cada sector.
Las proyecciones demográficas ayudan a anticipar esa demanda.
Las Estimaciones y Proyecciones de la Población Distrital 2000-2035, Revisión 2025, del INE, muestran que municipios como Capiatá, Luque y Limpio seguirán creciendo durante la próxima década. Limpio pasaría de 150.832 habitantes en 2025 a 173.776 en 2035; Capiatá llegaría a 289.201 y Luque a 298.823.
Ese crecimiento requerirá más agua, saneamiento, escuelas, transporte y conexiones viales. La planificación permite decidir con anticipación dónde deberían ampliarse las redes y qué zonas demandarán mayor inversión.
La Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat, analizada en trabajos anteriores de La Tribuna, ya advertía sobre una expansión urbana de baja densidad y con cobertura insuficiente de servicios. Cada nuevo loteamiento periférico necesita calles, drenajes, redes de agua, transporte, recolección, escuelas y puestos sanitarios. Cuando la ocupación precede a la infraestructura, aumenta el costo público y también el gasto de las familias en tiempo y desplazamientos.
Después de aprobar un POUT, la evaluación debería concentrarse en resultados concretos: cuánto crecimiento se produce dentro de las zonas previstas, cuántos permisos son compatibles con el plan, qué parte del presupuesto responde a sus prioridades, qué cobertura de servicios reciben las nuevas áreas y cómo cambia el acceso a empleo, educación y salud.
La medición ambiental también forma parte del control: ocupación de cauces, expansión sobre áreas vulnerables, generación de residuos y nuevas necesidades de drenaje.
El objetivo no es frenar el crecimiento urbano, sino hacerlo más previsible y compatible con la infraestructura disponible.
La cantidad de municipios con un POUT aprobado muestra un primer avance. La siguiente medición es más exigente: comprobar si cambian los permisos, las inversiones, las obras y el uso efectivo del suelo.
Si esas decisiones continúan funcionando igual que antes, existe un plan aprobado. El ordenamiento territorial, en cambio, todavía estará pendiente.