Cuando se anuncia una política de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas, el primer dato suele ser cuánto dinero se colocó y cuántos créditos fueron otorgados. Son cifras necesarias, pero insuficientes. Si la finalidad del crédito es sostener empresas, aumentar productividad y generar trabajo, la evaluación debería continuar después del desembolso.
Fondo de Garantía para las MIPYMES (FOGAPY), administrado por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) segun un informe del 2025, registró una cartera de 16.845 créditos garantizados por G. 1,46 billones, equivalentes a USD 182,9 millones. Esas operaciones estuvieron vinculadas con 24.710 empleos directos y facilitaron financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas y emprendimientos liderados por mujeres.
El dato muestra escala. Pero también abre la pregunta más importante: ¿qué ocurrió después con esas empresas y esos puestos de trabajo?
Hay una precisión necesaria. El informe habla de empleos beneficiados o vinculados a las operaciones, no establece que los 24.710 puestos hayan sido creados exclusivamente por esos créditos. Confundir empleo asociado con empleo nuevo llevaría a sobrestimar el impacto.
Ese detalle ilustra por qué Proyecto Paraguay propone cambiar la vara.
Una política de crédito puede mostrar miles de operaciones y, aun así, tener efectos muy diferentes. Una empresa puede utilizar el financiamiento para sobrevivir tres meses. Otra puede comprar maquinaria, aumentar producción, contratar trabajadores y acceder a un nuevo mercado. Ambas figuran inicialmente como un crédito otorgado, pero su impacto económico no es el mismo.
La primera medición debería ser entonces la supervivencia empresarial.
¿Cuántas MIPYMES siguen funcionando 12, 24 o 36 meses después de recibir financiamiento? ¿Cuántas mantienen el crédito al día? ¿Cuántas vuelven a solicitar recursos porque crecieron y cuántas lo hacen simplemente para cubrir problemas de caja?
La segunda vara es el empleo.
Si el objetivo es desarrollo productivo, deberíamos saber cuántos puestos existían antes del préstamo, cuántos permanecieron y cuántos fueron creados posteriormente. También importa su calidad: no es equivalente sumar ocupación temporal o informal que ampliar empleos registrados con cobertura social y continuidad.
Aquí se conecta el crédito con otro problema estructural.
El Banco Mundial, en su Evaluación de pobreza y equidad en Paraguay, advierte que la baja productividad, la elevada informalidad y la prevalencia de empleos de baja calidad limitan el crecimiento inclusivo. Una parte relevante de la actividad económica permanece fuera del sistema formal y eso reduce tanto las posibilidades de las empresas como la capacidad fiscal del Estado.
Por eso, financiar una empresa sin modificar su productividad puede aliviar una necesidad inmediata, pero no necesariamente cambiar su trayectoria.
La tercera medición debería ser justamente cuánto produce después.
¿Aumentaron sus ventas? ¿Compró equipos? ¿Digitalizó procesos? ¿Incorporó tecnología? ¿Ingresó a cadenas de proveedores? ¿Exportó? ¿Elevó los ingresos de sus trabajadores?
El propio programa país del PNUD Paraguay apunta en esa dirección. Su resultado previsto para 2029 no consiste simplemente en aumentar el número de créditos: busca que trabajadores y pequeñas unidades productivas urbanas y rurales incrementen ingresos o productividad y se integren a cadenas de producción locales e internacionales en condiciones de mayor competitividad e innovación.
Esa formulación cambia completamente el indicador de éxito. El crédito deja de ser el resultado y pasa a ser una herramienta.
También importa quién recibe el financiamiento. El promedio nacional puede esconder que los recursos se concentren en zonas urbanas, empresas con mayor capacidad administrativa o negocios que ya tenían mejores condiciones para acceder al sistema financiero.
Por eso habría que abrir el tablero por territorio, tamaño empresarial, sector económico, sexo de quien lidera el emprendimiento y antigüedad de la empresa.
Una cuarta pregunta es cuánto empleo puede sostener cada guaraní movilizado.
No para reducir una política financiera a una simple división matemática, sino para comparar instrumentos. Un programa destinado a capital de trabajo puede tener un objetivo diferente de otro orientado a inversión, tecnología o exportación. La evaluación debe respetar esas diferencias, pero siempre debería establecer previamente qué resultado espera conseguir.
Finalmente está la formalización.
Una MIPYME que accede a crédito, aumenta ventas y empieza a facturar regularmente, aportar a la seguridad social o contratar formalmente genera un efecto mucho más profundo que una operación financiera aislada. Crédito, productividad y formalización deberían observarse como partes de la misma trayectoria.
Así, un tablero para evaluar financiamiento a MIPYMES podría seguir al menos seis variables:
créditos otorgados, empresas que sobreviven, empleos sostenidos o creados, formalización, evolución de ventas y productividad.
Los G. 1,46 billones movilizados por FOGAPY muestran que Paraguay ya dispone de instrumentos de escala considerable. El siguiente paso es poder demostrar con la misma precisión qué ocurrió con las empresas después de recibir esos recursos.
Porque contar préstamos dice cuánto dinero salió. Medir empleos, productividad y empresas que siguen creciendo nos dice si esa inversión realmente cambió algo.
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