Un reclamo comienza con un problema concreto: la basura que no se retiró, un bache que volvió a abrirse o una vereda que impide pasar. Para el vecino, importa saber quién responderá y cuándo. Los primeros cien días de una intendencia deben construir esa relación entre pedido, responsable y solución. Escuchar abre la puerta; hacerse cargo exige registrar, decidir, ejecutar y comprobar.
La Municipalidad de Asunción publica instrucciones para presentar reclamos y consultar su estado mediante el Portal Ciudadano. Una plataforma no demuestra que los problemas se resuelvan. La evaluación debe mirar qué sucede después del ingreso: quién recibe el caso, cuánto demora y qué respuesta llega al barrio.
Cada solicitud debería tener un número, fecha, ubicación, descripción y área responsable. Los pedidos recibidos por teléfono, internet o atención presencial deben integrarse en un registro común. Así se evita que una denuncia desaparezca al cambiar de oficina o que cinco avisos sobre el mismo bache se presenten como cinco reparaciones.
Asignar responsables supone distinguir competencias. Si el problema corresponde a otra institución, la municipalidad debe informar la derivación y facilitar el seguimiento. Si requiere varias dependencias, una tiene que coordinar. Si no puede resolverse, corresponde explicar por qué. Derivar un expediente no equivale a solucionar el problema ni justifica abandonar a quien pidió ayuda.
Los plazos deben distinguir una emergencia de una tarea programable. Debe separar la primera respuesta, la inspección y la solución. Una contestación automática puede confirmar la recepción, pero no debe contarse como un caso resuelto. El cierre necesita evidencia: trabajo realizado, verificación técnica cuando corresponda y posibilidad de que el vecino señale que la falla continúa.
La participación barrial debe dejar documentos que permitan volver sobre lo acordado. Cada reunión necesita un acta con problemas planteados, prioridades, compromisos, responsables y fechas de revisión. Debe registrar desacuerdos y pendientes. Publicar una versión que proteja los datos personales permite controlar si lo conversado se convirtió en decisiones.
Las prioridades no pueden depender únicamente de quién tiene más contactos o reclama con mayor insistencia. Hay que considerar riesgos, cantidad de personas afectadas, carencias y viabilidad de la intervención. Deben participar quienes no integran comisiones o no pueden asistir. La atención debe ser accesible.
Paraguay tiene una base institucional para esa relación. La Ley Orgánica Municipal dedica un título a la participación ciudadana. La Ley 5590, que modifica su artículo 69, dispone audiencias públicas para informar sobre actividades y proyectos del período anterior. El examen de los cien días que aquí se propone complementa esa rendición: es una instancia de seguimiento del arranque, no un reemplazo de las obligaciones legales.
Para evaluarse, la gestión debe fijar al comienzo pocas metas claras y publicar el punto de partida. En recolección, interesa cuánto se cumple de las rutas previstas; en bacheo, cuántas reparaciones siguen en buen estado; en trámites, cuánto tarda una resolución. Contar reuniones, mensajes o camiones movilizados aporta información sobre actividad, pero no alcanza para demostrar mejoras en los servicios.
Cada meta necesita presupuesto, equipo y una fuente de comprobación. El informe debe distinguir recursos previstos, comprometidos y pagados, junto con el avance físico. Gastar todo no garantiza que el resultado sea satisfactorio. Tampoco una baja ejecución explica por sí sola lo ocurrido: deben identificarse demoras de contratación, falta de fondos u obstáculos técnicos.
Al día cien, corresponde mostrar lo cumplido, lo pendiente y lo que salió mal, con documentos y datos comparables. Las metas modificadas deben conservar su versión inicial y explicar el cambio. La Junta Municipal, los vecinos y la prensa necesitan poder contrastar el informe con contratos, actas y recorridos de campo. Un tablero vistoso no sustituye esa comprobación.
La pregunta final será sencilla: ¿el municipio responde mejor que al inicio? La confianza crece cuando el vecino sabe quién se hace cargo, puede verificar una mejora y recibe explicaciones sobre lo pendiente. Los cien días no resuelven todos los problemas, pero deben dejar una manera de gobernar que pueda ser examinada.