Vivir cerca de una ciudad no significa acceder a sus oportunidades, según revela la investigación sobre exclusión social en asentamientos de 16 distritos de Central elaborada por el investigador José Galeano Monti.
Una familia puede tener un techo y algún ingreso, pero seguir lejos de la atención médica, del empleo protegido o de servicios básicos. Esa es la idea central de Territorios de exclusión social, una investigación que propone mirar las carencias de los hogares más allá de cuánto dinero reciben.
El libro, de José Galeano Monti, fue publicado en marzo de 2017 por Arandurã, con Enfoque Territorial como institución responsable. Surgió del proyecto 14-INV-364, “Primera Encuesta de Exclusión Social del Departamento Central de Paraguay”, financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), mediante PROCIENCIA, con recursos del FEEI del Fonacide.
Metodología del estudio en 16 distritos y hallazgos en salud
El trabajo de campo se realizó del 6 al 18 de junio de 2016. Según el apartado metodológico y su tabla de distribución, abarcó 510 hogares, con 2.058 personas, en asentamientos de 16 distritos de Central. Es una fotografía de aquel momento y de esos territorios: sus porcentajes no describen la situación actual ni pueden trasladarse a todos los habitantes del departamento.
El aporte del estudio es sencillo de entender. Medir la pobreza por ingresos permite saber si alcanza para cubrir determinadas necesidades. Analizar la exclusión agrega otras preguntas: ¿se puede estudiar, recibir atención sanitaria, conseguir un trabajo digno, participar en la comunidad y vivir en un entorno saludable? Las dificultades suelen acumularse dentro de una misma casa.
Para observarlas, la investigación organizó indicadores en tres ejes: económico, político y social. El político también contempla derechos sociales, como educación, salud y vivienda. Además de su encuesta, utilizó información de la entonces Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), incluidos datos censales y de encuestas de hogares. En salud, el 58,1% de los hogares había dejado de comprar medicamentos, seguir tratamientos o cumplir dietas por problemas económicos. A su vez, el 80,2% de las personas no tenía seguro médico. Este último dato refiere a aseguramiento: no equivale a afirmar que todas esas personas carecieran de cualquier posibilidad de atención en servicios públicos.
Deficiencias de infraestructura habitacional e índice de exclusión
Las condiciones de la vivienda también mostraron problemas que un ingreso mensual no alcanza a explicar. El informe registró humedad, suciedad u olores asociados a insalubridad en el 48,2% de los hogares y deficiencias graves de construcción en el 34%. Tener una casa, por tanto, no garantizaba contar con un espacio adecuado para descansar, estudiar o cuidar la salud.
La exclusión también aparecía en el trato cotidiano. El 17,6% de los jefes de hogar manifestó haberse sentido discriminado alguna vez por motivos como origen étnico, género, aspecto físico o lugar de residencia. El informe incorpora estas experiencias porque las barreras para participar en la sociedad no se agotan en la falta de dinero o infraestructura.
Para resumir los resultados, el autor construyó un índice con 12 indicadores seleccionados. Los hogares acumulaban, en promedio, cinco factores de exclusión. El 27,2% se ubicaba en el nivel alto, con siete o más factores, y el 46,2% en el medio, con cuatro a seis. La lectura es clara: muchas familias enfrentaban varias dificultades simultáneas, no una necesidad aislada.
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Desafíos de la gestión municipal para integrar comunidades vulnerables
El estudio también reconoció límites. Faltaba información actualizada para delimitar todos los asentamientos y algunas variables oficiales disponibles correspondían al conjunto de Central, no exclusivamente a esos territorios. Por eso, sus hallazgos sirven como antecedente y línea de base, pero requieren nuevas mediciones para orientar decisiones sobre la realidad de hoy.
Para la gestión municipal, la enseñanza es mirar hoy el barrio completo. Mejorar viviendas debe vincularse con servicios, salud, educación y oportunidades laborales, mediante coordinación con las instituciones responsables. El informe propone utilizar los indicadores para identificar a quienes acumulan mayores desventajas y diseñar políticas públicas que respondan a esas necesidades.
La pregunta que deja esta investigación va más allá de cuántas familias tienen bajos ingresos: importa saber qué obstáculos les impiden vivir mejor. Reconocer dónde se superponen permite orientar los recursos con mayor precisión. Hacer ciudad también consiste en acercar derechos y oportunidades a quienes quedaron fuera de ellos, según los fundamentos presentados en el informe técnico del investigador José Galeano Monti.