Una familia puede vivir durante décadas en el mismo terreno, construir su casa y formar allí su patrimonio. Pero seguir sin un documento que acredite su derecho, esa incertidumbre dificulta heredar, vender legalmente, solicitar ciertos créditos o invertir con seguridad. Sin embargo, entregar un título tampoco convierte por sí solo un asentamiento en un barrio integrado.
Regularizar la tierra también es hacer ciudad. Significa conectar la seguridad jurídica con calles transitables, agua, saneamiento, desagües, recolección, iluminación, transporte y espacios públicos. Si el proceso termina con una escritura, pero deja a la familia aislada o en una zona inundable, se resolvió una parte del problema y se mantuvo el déficit del hábitat.
La Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat plantea que una vivienda adecuada depende también de su entorno. La Ficha Ciudades Sostenibles del Paraguay advierte que la urbanización debe acompañarse con planificación, infraestructura y servicios. Ambos documentos obligan a mirar la titulación como parte de una política urbana y no como un trámite separado.
Asunción ofrece un caso de gran escala. En una entrevista realizada en “El programa ese”, por La Tribu 650 AM, el candidato a concejal Hugo Ramírez sostuvo que existen más de 10.700 terrenos municipales ocupados cuyos pobladores todavía no obtuvieron sus títulos. También propuso crear una comisión especial y coordinar con las áreas de vivienda, el Gobierno central y la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap).
La cifra fue difundida en publicaciones periodísticas, pero en las fuentes públicas consultadas no se encontró un inventario municipal consolidado que precise su composición, fecha de actualización y estado de los expedientes. Por eso debe atribuirse a Ramírez y no presentarse como una estadística oficial confirmada. Sin saber cuántos casos existen, dónde están y cuál es la situación de cada uno, no puede diseñarse una regularización seria.
La Ley Nº 3966/2010 Orgánica Municipal concede atribuciones decisivas. Su artículo 12 encarga a los gobiernos locales regular y fiscalizar el uso del suelo y los loteamientos, además de organizar la información catastral. Los artículos 224 a 226 establecen los planes de Desarrollo Sustentable y de Ordenamiento Urbano y Territorial, que deben incluir zonificación, sistema vial e infraestructura básica.
Antes de titular debe realizarse un relevamiento físico, jurídico, social y ambiental: identificar al ocupante, comprobar el origen y la antigüedad de la posesión, medir el lote, revisar conflictos y determinar si el inmueble pertenece al dominio privado municipal. También deben localizarse riesgos de inundación o contaminación y preservarse los terrenos destinados a calles, plazas, escuelas, centros de salud y otros usos colectivos.
La Junta Municipal de Asunción mostró otra dimensión del atraso en febrero del 2024, cuando solicitó regularizar tierras municipales ocupadas por los ministerios de Salud y Educación y por las Fuerzas Armadas. La minuta pidió identificar la ubicación, la cuenta catastral, la superficie y el uso actual de cada inmueble: datos elementales para cualquier proceso de saneamiento.
Una política responsable también debe diferenciar situaciones. No es igual una familia asentada desde hace décadas que una ocupación reciente con fines especulativos. Tampoco corresponde consolidar viviendas sobre cauces, plazas, calles proyectadas o áreas expuestas a riesgos. Regularizar no puede significar premiar negocios ilegales, disminuir el patrimonio público ni legalizar condiciones peligrosas. Cuando la permanencia no sea viable, deberán ofrecerse alternativas habitacionales.
El punto de partida debería ser un catastro digital conectado con el MUVH, la Essap, los registros públicos y las dependencias municipales. Cada expediente tendría que informar su ubicación, situación jurídica, etapa del trámite, documentación faltante y resolución, con protección de los datos personales. Esto reduciría la discrecionalidad, la participación de intermediarios y los años de espera.
La titulación puede fortalecer el patrimonio familiar, facilitar la herencia y abrir puertas al financiamiento formal, aunque no garantiza automáticamente el acceso a un crédito. Para el municipio, permite ordenar el padrón de contribuyentes, programar redes y conocer dónde deben concentrarse las inversiones. Su mayor valor aparece cuando el documento llega acompañado de integración barrial y de reglas que impidan nuevas ocupaciones.
Asunción no necesita una entrega aislada de papeles, sino un programa con metas anuales, presupuesto, criterios transparentes, participación vecinal y rendición de cuentas. Convertir ocupantes en propietarios es importante. Convertir asentamientos en barrios conectados, seguros y habitables es el objetivo completo.