En Paraguay, la municipalidad suele aparecer como una oficina que cobra patentes, tapa baches o recoge basura. Pero la ley le reserva un papel decisivo: gobernar el crecimiento urbano. Puede definir dónde se construye, controlar loteamientos, ordenar el tránsito, proteger cauces y edificios históricos, gestionar residuos y orientar inversiones. El problema es la distancia entre las herramientas disponibles y su aplicación.
La Ley N.º 3966/2010 Orgánica Municipal es explícita. Su artículo 12 asigna a los gobiernos locales la planificación territorial; la delimitación de áreas urbanas y rurales; la regulación del suelo, los loteamientos y las construcciones; y la información inmobiliaria. También les atribuye desagües pluviales, tratamiento de residuos, transporte y tránsito, protección ambiental y conservación del patrimonio.
Los artículos 224, 225 y 226 establecen dos instrumentos mínimos: el Plan de Desarrollo Sustentable y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (POUT). El primero vincula objetivos sociales, económicos y ambientales con programas e inversiones. El segundo ordena zonificación, loteamientos, construcciones, red vial y servicios básicos. El presupuesto y los permisos deberían responder a una visión de ciudad, no a urgencias o intereses aislados.
La brecha aparece en los datos recientes. Un registro del Ministerio de Economía y Finanzas, elaborado en mayo de 2026, enumera 48 distritos en su nómina de planes aprobados por ordenanza después de la Ley Orgánica Municipal, aunque algunos casos presentan información incompleta o trámites de promulgación. Otra lista identifica 33 distritos con POUT en elaboración o con ordenanzas pendientes.
Frente a los 263 distritos registrados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la primera nómina representa menos de uno de cada cinco. El MEF advierte que el relevamiento puede no incluir a todos los municipios, pero la brecha sigue siendo significativa.
En 2026 hubo avances: Ypané inició su diagnóstico territorial; Julián Augusto Saldívar trabajó su estrategia espacial; Santa Rosa de Lima culminó talleres; y Altos llegó a la zonificación. Son señales positivas, pero muestran que, dieciséis años después de sancionada la ley, muchos gobiernos locales todavía construyen su instrumento básico.
La ausencia de planificación se paga. Cuando se autoriza un loteamiento lejos de las redes, el beneficio de vender es inmediato, pero el costo futuro recae sobre la ciudad: más calles, recolección, transporte, iluminación y drenaje. La Ficha Ciudades Sostenibles del Paraguay señala que la urbanización debe acompañarse con planificación, infraestructura y servicios. La Política Nacional de la Vivienda y el Hábitat agrega que las carencias no terminan en la casa: saneamiento, movilidad y equipamientos integran el déficit del hábitat.
Las demás competencias exigen más que respuestas de emergencia. Gestionar residuos implica recorridos eficientes, disposición adecuada, reciclaje y control de vertederos. Ordenar el tránsito supone priorizar seguridad vial, peatones y transporte público, no solo multas. Proteger el ambiente demanda delimitar riberas, vigilar arroyos y frenar ocupaciones incompatibles. Defender el patrimonio exige inventariarlo: lo que no se conoce puede desaparecer antes de ser protegido.
El libro “35 años de Democracia: Economía, Sociedad y Estado en Paraguay”, publicado por el Cadep en agosto de 2026 y compilado por Fernando Masi y Dionisio Borda, refuerza la dimensión regional. En su capítulo territorial, María Belén Servín presenta a Asunción y Central como una misma región económica. Sin coordinación, las decisiones sobre suelo, transporte, residuos y drenajes se fragmentan, aunque sus efectos crucen límites distritales.
Las entrevistas del proyecto traducen competencias en propuestas: Hugo Ramírez planteó coordinación para titulación y drenajes; Camilo Pérez, limpiar cauces, reforzar la recolección y recuperar capacidad de pavimentación; y Sebas Garay, mapear vertederos y fortalecer comisiones vecinales. Para evaluarlas se requieren presupuesto, plazo, responsables e indicadores públicos.
Paraguay no necesita municipios que prometan resolverlo todo, sino gobiernos locales que utilicen lo que la ley ya les permite hacer. Un catastro actualizado, un POUT vigente, permisos transparentes, metas de residuos, seguridad vial e inventarios patrimoniales parecen tareas técnicas. En realidad, deciden cuánto cuesta vivir y qué ciudad queda para la próxima generación.