Una familia puede tener un techo firme, paredes recuperables y espacio suficiente, pero continuar en condiciones deficitarias. Basta con que el barrio carezca de desagüe, agua segura, pavimento, transporte o equipamientos. En esos casos, el problema no está solamente dentro de la vivienda: se encuentra en el entorno que la conecta con la ciudad.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), basados en el Censo 2022, dimensionan el desafío. El déficit habitacional afecta a 1.117.212 viviendas particulares ocupadas, equivalente al 65,5% de los hogares. De ese total, 1.008.534 casos, el 90,3%, son cualitativos; otros 108.678, el 9,7%, corresponden al déficit cuantitativo.
El primer grupo incluye problemas con los materiales, falta de servicios básicos, hacinamiento y espacio insuficiente. Pero no todas esas carencias pueden solucionarse mediante una obra particular. Una conexión sanitaria necesita redes; una calle transitable requiere inversión pública; el acceso al trabajo, la escuela o el hospital depende del transporte y de una localización adecuada.
El Plan Nacional de Vivienda y Hábitat (PNVH) propone hablar también de un “déficit urbanístico” o “déficit del hábitat”. Explica que el saneamiento, los equipamientos y la pavimentación no son fallas inherentes a una casa, como pueden serlo un techo precario o el hacinamiento. Son carencias del barrio, la comunidad o la ciudad.
La diferencia modifica la respuesta estatal. Entregar materiales puede mejorar paredes o techos, pero no construye una red cloacal. Ampliar una habitación reduce el hacinamiento, aunque no acerca el transporte. Regularizar un terreno brinda seguridad jurídica, pero la familia seguirá aislada si no existen calles, iluminación y servicios próximos.
El déficit tiene una fuerte expresión urbana. El INE registra 683.228 viviendas afectadas en ciudades y 433.984 en zonas rurales. Central concentra la mayor brecha, con 245.363 casos, y Alto Paraná aparece después con 170.824. La presión se concentra allí.
Cuando la urbanización llega antes que la infraestructura, cada nueva casa obliga posteriormente a extender redes, calles, transporte y recolección. El costo termina distribuido entre el Estado, los municipios y las familias, que deben recorrer mayores distancias o resolver por su cuenta servicios que deberían formar parte de la ciudad.
La Ficha Ciudades Sostenibles del Paraguay, de la Estrategia Nacional de Innovación, sostiene que la urbanización debe estar acompañada por planificación, infraestructura, servicios básicos y vivienda. También incorpora transporte, residuos, agua y saneamiento entre los sectores que atraviesan las dimensiones ambiental, social y económica.
Esta perspectiva obliga a mirar la vida cotidiana. Una calle sin pavimento dificulta la entrada de ambulancias y recolectores. Un barrio sin desagüe queda expuesto a raudales, barro y aguas servidas. La falta de escuelas, centros de salud o paradas de transporte convierte la residencia en una fuente diaria de gastos y tiempo perdido.
Resolver el déficit del hábitat exige intervención barrial coordinada. El municipio debe ordenar el suelo, mantener calles, gestionar residuos y controlar urbanizaciones. El Gobierno central tiene responsabilidades en vivienda, saneamiento, transporte e infraestructura. Sin coordinación, una casa puede ser entregada antes de contar con conexiones o accesos.
La discusión también interpela a los candidatos de Asunción. Hugo Ramírez planteó atender 10.700 terrenos ocupados sin títulos y coordinar acciones sobre desagües. Camilo Pérez propuso limpiar cauces, reforzar la recolección y recuperar la capacidad de pavimentación. Sebas Garay habló de calles, plazas, comisiones vecinales y vertederos.
Estos planteamientos deben convertirse en metas verificables: conexiones instaladas, calles intervenidas, barrios regularizados y cobertura efectiva de transporte, residuos y equipamientos. Sin indicadores y plazos, el mejor diagnóstico puede quedar reducido a una declaración electoral.
La solución no consiste en elegir entre la casa y el barrio. Paraguay necesita construir unidades nuevas, recuperar viviendas existentes y llevar infraestructura donde ya vive la gente. Una política habitacional termina cuando la familia no solo recibe una llave, sino cuando encuentra una calle segura, servicios accesibles y una ciudad que verdaderamente la incluye.