Durante décadas, buena parte de las municipalidades paraguayas quedó atrapada en una idea demasiado pequeña de su propia función. Cobrar patentes, otorgar permisos, recoger residuos, reparar calles y mantener algunas plazas pareciera resumir toda la gestión local. Sin embargo, las enormes desigualdades territoriales del país obligan a ampliar esa mirada: un municipio también debe ayudar a construir las condiciones para que las personas puedan trabajar, emprender, invertir y producir dentro de su propia comunidad.
El libro “Economía, sociedad y Estado en Paraguay”, publicado en el 2026 por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), ofrece datos que muestran la urgencia de este cambio. En el capítulo “El desarrollo económico territorial en Paraguay: realidades y desafíos”, la economista María Belén Servín expone que Central concentra el 28,5% del producto interno bruto nacional; Asunción, el 17,1%; Alto Paraná, el 15,4%; Itapúa, el 6,4%, y Caaguazú, el 5,9%. En conjunto, estos cinco territorios explican más del 70% de la economía paraguaya.
La concentración también aparece en la distribución empresarial. Cerca del 67% de las empresas del país está ubicada en Central, Asunción y Alto Paraná. La distancia entre territorios resulta todavía más evidente cuando se observa la cantidad de mipymes: Asunción registra 1.853 por cada 10.000 habitantes, mientras San Pedro cuenta con 307, Caazapá con 290 y Presidente Hayes con 299.
Estas cifras no significan que todos los municipios deban convertirse en ministerios de Industria o Trabajo. Tampoco pueden resolver por sí solos la informalidad, la falta de crédito o los problemas de la economía nacional. Pero sí pueden dejar de ser simples oficinas recaudadoras y asumir un papel activo como articuladores del desarrollo local.
La primera medida debería ser facilitar la formalización. Para un pequeño comerciante o emprendedor, abrir un negocio puede significar recorrer distintas dependencias, presentar documentos repetidos y esperar plazos difíciles de prever. Una ventanilla única municipal permitiría reunir en un solo punto las gestiones necesarias, informar con claridad los requisitos y acompañar el proceso hasta su conclusión.
La digitalización también debe servir para reducir costos y no solamente para reemplazar el papel por una pantalla. Consultar requisitos, iniciar expedientes, pagar tasas, conocer el estado de una solicitud y recibir una respuesta sin trasladarse varias veces hasta la municipalidad puede representar una diferencia importante para quien trabaja por cuenta propia.
Formalizar no debería ser sinónimo de perseguir. Si el primer contacto del municipio con un vendedor, feriante o pequeño negocio es una multa, una clausura o el decomiso de sus productos, el resultado previsible será mayor desconfianza. El cumplimiento debe ser sencillo, gradual y conveniente. Antes de castigar, la autoridad local debe explicar, acompañar y ofrecer un camino posible hacia la regularización.
Los municipios también pueden crear centros de apoyo a mipymes. No se trata de levantar grandes estructuras burocráticas, sino de ofrecer orientación básica sobre habilitación, costos, administración, facturación, herramientas digitales, acceso al crédito y comercialización. Esta tarea puede realizarse mediante acuerdos con universidades, cooperativas, gremios empresariales, el Ministerio de Industria y Comercio y organizaciones de cada comunidad.
Otra herramienta son las ferias, los mercados y los circuitos comerciales ordenados. Un municipio puede identificar espacios adecuados, garantizar limpieza, seguridad y servicios básicos, organizar calendarios y promocionar la producción local. De esta manera, una feria deja de ser una salida ocasional y puede transformarse en un canal estable de ingresos para productores, artesanos, gastronómicos y emprendedores.
La capacitación también debe responder a la realidad de cada territorio. Una ciudad agrícola necesita habilidades distintas de una localidad turística, fronteriza, industrial o metropolitana. Copiar cursos sin relación con el mercado local únicamente permite llenar planillas. El desafío consiste en identificar qué actividades tienen posibilidades reales de crecer y formar a las personas para ingresar a ellas.
Incluso las compras municipales pueden convertirse en una política de desarrollo. Dentro de las reglas de contratación y transparencia, las administraciones locales pueden facilitar que pequeñas empresas conozcan los llamados, completen la documentación y compitan como proveedoras. El dinero público destinado a uniformes, alimentos, mantenimiento, reparaciones o servicios puede ayudar a fortalecer el tejido económico de la propia comunidad, sin favoritismos ni adjudicaciones dirigidas.
El estudio del CADEP concluye que reducir las desigualdades territoriales requiere fortalecer las redes de actores, las instituciones locales y las capacidades de los gobiernos departamentales y municipales. El desarrollo no depende únicamente de cuánto dinero circula, sino de la capacidad de cada territorio para organizar sus recursos, coordinar esfuerzos y construir un proyecto compartido.
Una municipalidad eficiente debe arreglar calles, recoger basura y ordenar la ciudad. Pero también debe preguntarse cuántas empresas nacen, cuántas sobreviven, cuánto tiempo cuesta formalizarlas y qué oportunidades encuentran los jóvenes sin necesidad de abandonar su comunidad. Cobrar tasas es una función administrativa. Ayudar a generar trabajo es una política de ciudad.