Una familia vive a kilómetros del centro urbano más cercano. Para conseguir agua, atender una fiebre, hacer un trámite, retirar un medicamento o llevar a un niño a la escuela, la distancia no se mide solo en kilómetros: se mide en horas, costo de traslado, caminos y disponibilidad de transporte. Esa es una diferencia decisiva entre el Chaco y la ciudad densa. Allí donde los hogares están dispersos, una obra aislada o una oficina abierta en la cabecera distrital no siempre equivale a un servicio que realmente llega.
El Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadística muestra que las privaciones de la infancia se concentran con fuerza en el Chaco. A nivel nacional, el 16,1% de los hogares con niñas, niños y adolescentes registra al menos una Necesidad Básica Insatisfecha, conocida como NBI. Son más de 285.000 hogares con carencias vinculadas a vivienda, hacinamiento, educación, saneamiento o capacidad económica.
En Boquerón, la proporción asciende a 48,5%. En Alto Paraguay llega a 37,7% y en Presidente Hayes, a 35%. No son porcentajes intercambiables ni una competencia entre departamentos. Expresan una realidad territorial particular: comunidades alejadas, costos logísticos altos, grandes extensiones, infraestructura desigual y una presencia estatal que debe organizarse de otro modo.
La calidad de la vivienda revela parte del problema. En Alto Paraguay, el 24,1% de los hogares con población de 0 a 17 años presenta NBI por condiciones de vivienda; en Boquerón, 20,2%; y en Presidente Hayes, 19,6%. El indicador contempla materiales, techo, piso, paredes y otras características estructurales. Detrás de una cifra hay niñas y niños que estudian, descansan y crecen en espacios que no siempre ofrecen protección suficiente contra el clima, privacidad o condiciones adecuadas de salud.
El hacinamiento también muestra la escala de la urgencia. A nivel país, afecta al 3,2% de los hogares con niñas, niños y adolescentes. En Boquerón sube a 9,3%; en Alto Paraguay, a 8,6%; y en Presidente Hayes, a 8,1%. Cuando más de tres personas comparten un dormitorio, el problema no se limita al espacio: se altera el descanso, aumentan los riesgos sanitarios y se vuelve más difícil estudiar o mantener la intimidad familiar.
La conectividad agrega una capa menos visible de desigualdad. Mientras Asunción registra 80,4% de acceso a internet en hogares con población menor de 18 años y Central llega a 69,4%, Alto Paraguay alcanza apenas 29,8%. Presidente Hayes marca 37,8% y Boquerón, 48,2%. Tener un teléfono no garantiza conexión estable, datos suficientes ni la posibilidad de completar una tarea escolar o hacer una gestión pública. En territorios distantes, internet útil puede acercar una capacitación, una consulta o un trámite; sin conectividad, la distancia física se multiplica.
La situación de la niñez indígena exige un capítulo propio y respuestas construidas con las comunidades. Solo alrededor del 9% de sus viviendas utiliza una red pública formal de agua: 3,7% corresponde a Essap, 2,9% a juntas de saneamiento y 2,6% a acueducto. El resto depende de red comunitaria, pozo artesiano, aljibe, manantial, tajamar, río o arroyo. El dato no define por sí solo la calidad del agua, pero sí evidencia la debilidad de las redes formales y la necesidad de soluciones adecuadas a cada comunidad.
Las brechas de saneamiento y residuos son igual de directas. Apenas 10,1% de las viviendas indígenas cuenta con baño moderno con pozo ciego; 55,5% utiliza letrinas comunes sin techo o puerta y 4,1% no dispone de baño. En materia de residuos, 81,9% quema la basura y solo 6,5% accede a recolección por camión o carrito. No es un problema de falta de conciencia individual. Es infraestructura inexistente, frecuencia insuficiente y distancias que vuelven inviable copiar un modelo de recolección pensado para barrios compactos.
La respuesta debe ser interinstitucional y diferenciada. Los municipios pueden mapear comunidades, identificar rutas críticas, coordinar puntos de atención, mejorar caminos vecinales y asegurar que el presupuesto priorice agua, saneamiento, energía, conectividad y residuos. Las juntas municipales deben pedir informes, fijar metas y controlar que las obras lleguen a los lugares previstos. Las gobernaciones pueden organizar respuestas que superan un distrito: transporte, equipos móviles, redes de abastecimiento y mantenimiento vial.
El Gobierno central, por su parte, debe aportar financiamiento, salud, educación, conectividad y rectoría sectorial. En muchos casos, la solución no será una gran infraestructura única, sino una red: unidades de salud que se desplacen, transporte programado, conectividad comunitaria, sistemas de agua con mantenimiento local y puntos de atención cercanos. Cada intervención debe incorporar participación comunitaria y pertinencia cultural, especialmente en los pueblos indígenas.
El desafío no es llevar una ciudad al Chaco. Es garantizar derechos donde vive la gente. El Censo ya trazó el mapa de las privaciones. La responsabilidad política es que la distancia deje de ser una condena y que la infancia no dependa del lugar donde nació para acceder a agua, vivienda digna, salud, educación y oportunidades.