Una ciudad no se vuelve inclusiva solamente cuando inaugura una plaza o repavimenta una avenida. También se vuelve inclusiva cuando permite que una persona mayor salga de su casa, cruce una calle sin miedo, espere un colectivo con sombra, haga un trámite sin recorrer media ciudad y llegue al centro de salud sin depender siempre de un familiar.
Paraguay mantiene una población joven, pero la estructura de sus hogares está cambiando. Los informes temáticos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, con base en el Censo 2022, muestran hogares más pequeños, crecimiento de los hogares unipersonales y una reducción de los hogares extendidos. También aumenta la jefatura femenina: alcanzó a cuatro de cada diez hogares. Son cambios silenciosos, pero obligan a revisar cómo se diseñan las políticas locales.
Durante décadas, muchas ciudades fueron pensadas para una familia grande, con varias generaciones bajo un mismo techo y una red cotidiana de apoyo. Hoy hay más personas que viven solas, familias nucleares incompletas, mujeres a cargo del hogar y adultos mayores que necesitan conservar autonomía aun cuando disminuye la disponibilidad de familiares para acompañarlos. El desafío no es esperar a que una crisis de cuidados estalle; es preparar el territorio antes.
La vejez no debe ser sinónimo de encierro. Sin embargo, una vereda rota, una escalera sin pasamanos, una parada sin asiento, una calle mal iluminada o un trámite exclusivamente digital pueden convertir tareas simples en obstáculos. La falta de accesibilidad no afecta solo a las personas mayores. También perjudica a quienes tienen discapacidad, a madres y padres con carritos, a personas con lesiones temporales y a cualquiera que necesite una ciudad más segura para caminar.
La accesibilidad no es un detalle estético ni una obra secundaria. Es infraestructura social. Rampas bien ejecutadas, cruces peatonales seguros, semáforos con tiempo suficiente, señalización clara, baños públicos adecuados, iluminación, bancos, sombra y transporte accesible definen quién puede participar de la vida urbana. Cuando esas condiciones faltan, se profundiza el aislamiento y crece la dependencia de terceros.
El cambio demográfico además se cruza con la realidad de los cuidados. El 43% de los hogares con niñas, niños y adolescentes tiene jefatura femenina: 423.360 casos. En muchos de ellos, una mujer combina ingresos, tareas domésticas, cuidado de hijos y acompañamiento de personas mayores. Una ciudad que concentra todos los servicios lejos de los barrios, obliga a realizar trámites presenciales repetidos o carece de transporte confiable multiplica esa carga diaria.
El informe sobre juventud ayuda a entender la dimensión económica del problema. Hay 225.801 personas de 15 a 29 años que no estudian ni trabajan en el mercado laboral, en su mayoría mujeres. Entre las causas aparece el peso del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. No se trata de reducir esta realidad a una única explicación, pero sí de reconocer que la ausencia de servicios cercanos limita la posibilidad de estudiar, capacitarse, trabajar o emprender.
La respuesta municipal puede empezar con medidas concretas. Cada distrito necesita mapear dónde viven personas mayores solas, hogares monoparentales, personas con discapacidad y familias con mayores cargas de cuidado. Ese diagnóstico debe cruzarse con la ubicación de centros de salud, paradas, escuelas, mercados, oficinas públicas y espacios comunitarios. No para etiquetar ni exponer a nadie, sino para decidir mejor dónde invertir.
Las intendencias pueden incorporar criterios de accesibilidad universal en veredas, plazas, edificios y habilitaciones; recuperar corredores peatonales, mejorar la iluminación, acercar servicios y promover actividades comunitarias para evitar el aislamiento. Las juntas municipales deben traducir esa agenda en ordenanzas, partidas presupuestarias, pedidos de informe y control de obras. La accesibilidad no puede quedar librada a la buena voluntad de cada constructor ni a proyectos aislados.
También se requiere coordinación. Las gobernaciones pueden articular transporte, formación, salud y redes de atención entre municipios. El Gobierno central debe aportar financiamiento, normas técnicas y políticas de cuidado. Pero la información fina, la cercanía y el seguimiento cotidiano pertenecen al poder local. Un municipio sabe —o debería saber— en qué barrio una persona mayor debe caminar por una calle intransitable para llegar a una consulta.
Prepararse para envejecer no significa abandonar la agenda de infancia y juventud, sino que representa entender que ambas se conectan. Una ciudad con veredas, transporte, centros de cuidado, espacios públicos seguros y servicios cercanos le devuelve tiempo a una madre, protege a una niña o niño y permite que una persona mayor conserve autonomía. El Censo ya mostró que los hogares cambiaron. Ahora falta que la ciudad cambie con ellos.