Una ciudad no se mide solamente por la cantidad de asfaltos inaugurados, plazas recuperadas o edificios que crecen sobre sus avenidas. También se mide por cuánto tiempo le ahorra a una madre que debe trabajar, cuidar, llevar a sus hijos a la escuela, acompañar a un adulto mayor y resolver, casi siempre sola, los trámites cotidianos. Ahí empieza una discusión que las campañas municipales suelen dejar al margen: la infraestructura del cuidado.
Los nuevos informes temáticos del Instituto Nacional de Estadística, elaborados con base en el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022, muestran que la estructura de los hogares paraguayos está cambiando. Y ese cambio exige que intendencias, juntas municipales y gobernaciones revisen qué entienden por desarrollo local.
El informe sobre infancia y adolescencia señala que el 56% de los hogares del país convive con al menos una persona de 0 a 17 años. Dentro de ese universo, aproximadamente uno de cada ocho hogares es monoparental. Son 126.107 hogares que representan el 7% del total nacional y el 13% de los hogares con niñas, niños y adolescentes.
El dato se vuelve más relevante al mirar quién sostiene esas familias. El 43% de los hogares con población de 0 a 17 años declara jefatura femenina: 423.360 casos. No significa que cada hogar encabezado por una mujer esté en pobreza ni que toda responsabilidad recaiga exclusivamente sobre ella. Pero sí revela una realidad que las políticas públicas no pueden seguir tratando como excepcional: una parte muy importante de la reproducción cotidiana de la vida depende de mujeres que deben combinar ingresos, cuidados y gestión doméstica.
El informe de “Características de los hogares” confirma esa transformación. La jefatura femenina alcanzó a cuatro de cada diez hogares en 2022. Además, crecen los hogares unipersonales y los nucleares incompletos, mientras disminuyen los hogares extendidos y el tamaño promedio de las familias. Paraguay mantiene una población relativamente joven, pero comienza a transitar también el envejecimiento de los hogares. Por eso, el diseño de la ciudad debe responder a infancias que necesitan protección y a personas mayores que requerirán mayor accesibilidad y cercanía de servicios.
Ahora no se trata solo de identificar si una municipalidad puede hacer algo. La pregunta es qué hace con las competencias que la ley ya le reconoce. La Ley Orgánica Municipal permite a los gobiernos locales planificar y ejecutar proyectos de desarrollo humano y social, atender sectores vulnerables, promover la equidad de género, mejorar infraestructura social e implementar programas de protección para niñez, adolescencia, personas con discapacidad y personas mayores. No se trata de reemplazar al Ministerio de Desarrollo Social, al Ministerio de Educación o al Ministerio de Salud. Se trata de organizar el territorio para que esas políticas lleguen de manera efectiva.
Un sistema local de cuidados no empieza necesariamente con una gran obra. Puede empezar con un mapa de barrios que identifique hogares monoparentales, demanda de atención infantil, personas mayores solas, discapacidad, tiempos de traslado y acceso a servicios. Desde allí, cada municipio puede definir prioridades: centros de atención a la primera infancia en zonas de mayor demanda; horarios extendidos en articulación con escuelas; espacios comunitarios seguros; transporte accesible; iluminación de corredores peatonales; oficinas de empleo cercanas; capacitación digital y mecanismos de intermediación laboral con empresas locales.
El vínculo entre cuidado y empleo es directo. Cuando no hay quién cuide a un niño, a una persona enferma o a un adulto mayor, muchas mujeres reducen horas laborales, abandonan estudios o aceptan empleos más precarios y cercanos. El informe sobre juventud ayuda a dimensionar esa consecuencia: 225.801 jóvenes de 15 a 29 años no estudian ni trabajan en el mercado laboral. La mayoría son mujeres y una de las causas señaladas es la carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.
La respuesta no puede limitarse a cursos de emprendedurismo. Hace falta crear condiciones para que estudiar y trabajar sea posible. El mismo informe indica que 855.678 jóvenes, equivalentes al 54,9% de la población de 15 a 29 años, no asiste a una institución de enseñanza formal. Detrás de ese número hay motivos distintos: necesidad de ingresos, falta de transporte, distancia, maternidad, tareas domésticas, escasa oferta técnica o ausencia de conectividad. Cada distrito debe identificar cuál de esas barreras pesa más antes de decidir dónde invertir.
La infraestructura también importa. A nivel nacional, el 16,1% de los hogares con niñas, niños y adolescentes registra al menos una Necesidad Básica Insatisfecha. Son más de 285.000 hogares. En Central, aunque la incidencia es de 12,9%, existen más de 66.000 hogares con NBI por la magnitud de su población. En este departamento, más de 32.000 hogares con menores tienen déficit en calidad de vivienda y más de 9.000 viven en hacinamiento crítico. El promedio puede ocultar barrios enteros donde cuidar, estudiar y trabajar se vuelve mucho más difícil.
Por eso, la ciudad que cuida no es una consigna blanda. Es una ciudad con agua, saneamiento, veredas transitables, transporte, iluminación, conectividad, plazas seguras y servicios próximos. Es una ciudad que entiende que una madre no necesita solo asistencia: necesita tiempo, autonomía y oportunidades. Y es una ciudad que mide resultados: cuántos hogares fueron alcanzados, cuántas mujeres lograron incorporarse o volver al empleo, cuántos jóvenes retomaron estudios y cuánto mejoró el acceso a servicios en los barrios prioritarios.
Las juntas municipales tienen un papel decisivo. Deben traducir esta agenda en ordenanzas, partidas presupuestarias, pedidos de informes y control de ejecución. Las juntas departamentales, junto con las gobernaciones, pueden coordinar servicios que superan la frontera de un distrito: transporte, conectividad, formación técnica y redes de atención. El Gobierno central debe aportar recursos y rectoría; el poder local debe aportar información fina, cercanía y capacidad de seguimiento.
El Censo ya mostró dónde están las familias, las brechas y las demandas. La tarea política es evitar que esos datos queden archivados. Cuidar no es solo asistir cuando una familia ya está en crisis. Es construir ciudades donde sostener la vida no sea una carga individual, sino una responsabilidad compartida.