El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, explicó las razones técnicas por las cuales el aporte estatal a la Caja Fiscal se redujo al uno por ciento en la propuesta actual. El secretario de Estado señaló que esta medida es compensatoria ante la decisión del Congreso de flexibilizar ciertos parámetros. Valdovinos advirtió que, al bajar la edad mínima de jubilación a 55 años, se genera un mayor déficit que el Estado debe cubrir, inevitablemente, con recursos del Tesoro.
El titular de la cartera económica enfatizó que la cantidad de dinero que el Gobierno destina a la previsión social sigue siendo la misma, aunque la estructura del desembolso haya cambiado. En lugar de realizar un aporte estatal directo más alto, el fisco debe priorizar la cobertura del agujero financiero que se profundiza con las jubilaciones tempranas. El ministro subrayó que el compromiso indirecto del Estado es ahora mayor, tras los ajustes realizados en la Cámara de Diputados, lo que impide sostener el tres por ciento de aporte inicialmente prometido.
Respaldo oficial a los cálculos actuariales y simulaciones de impacto
En comunicación con Mina en La Tribu a través de La Tribu 650 AM, el ministro precisó que su equipo técnico plasmó, en un documento oficial, los estudios realizados previamente por una consultoría externa contratada por el MEC. Este paso administrativo fue necesario para otorgar validez jurídica a los números que sustentan la reforma ante el Congreso Nacional. Valdovinos aclaró que el informe del cálculo actuarial presentado cuenta con el respaldo total del Ministerio de Economía y Finanzas para dar transparencia al proceso.
El ministro aseguró que las simulaciones actuales muestran un impacto financiero similar a la propuesta original del Poder Ejecutivo, lo que otorga cierta comodidad al Gobierno con la media sanción de Diputados. No obstante, Valdovinos advirtió que cualquier modificación adicional que pretenda reducir aún más la edad jubilatoria o aumentar el aporte estatal deberá ser analizada mediante nuevos modelos matemáticos. El secretario de Estado insistió en que no se pueden tomar decisiones basadas en deseos personales sin considerar la realidad de las arcas públicas.
Falta de contrapropuestas concretas por parte del sector docente
Uno de los puntos más críticos señalados por el ministro es la ausencia de propuestas técnicas detalladas por parte de los gremios docentes que se oponen a la ley. Fernández Valdovinos reveló que, si bien recibieron planteamientos de la Universidad Nacional de Asunción y de algunos sectores del magisterio, muchos de ellos resultan inviables. Según el ministro, solicitar una tasa de sustitución del cien por ciento, mientras se reducen los años de aporte, es una contradicción matemática que pondría en riesgo la continuidad de los pagos.
Valdovinos instó a los sectores en conflicto a ordenar el debate sobre cinco parámetros fundamentales: la edad mínima, la tasa de sustitución, el aporte del funcionario, el aporte estatal y el promedio salarial de los últimos años. El ministro aceptó la sugerencia de establecer una mesa de trabajo con plazos definidos, antes del 25 de marzo, para que todas las propuestas sean analizadas bajo rigor actuarial. El objetivo es que la ciudadanía y los maestros comprendan, con claridad, por qué ciertas pretensiones no son razonables dentro del esquema financiero actual.