En un intento por descomprimir la tensión social y política, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, comunicó este martes que el Gobierno Nacional acompañará el pedido de postergación del estudio del proyecto de ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil. La pausa solicitada será de entre una semana y 15 días.
Alliana, quien indicó actuar bajo instrucciones directas del presidente de la República tras reuniones con el Ministerio de Economía y legisladores, señaló que la medida busca abrir un espacio para “seguir ajustando algunos detalles” en una mesa técnica.
Apertura al diálogo y rechazo a la huelga
El vicepresidente enfatizó que la administración está abierta a escuchar, desmintiendo las acusaciones de querer imponer la normativa. “Lo que quieren decir que no estamos abiertos al diálogo, que queremos atropellar, eso es mentira. Estamos siempre abiertos al diálogo”, aseguró.
Uno de los principales motivos del aplazamiento es evitar una escalada en las medidas de fuerza. “Sobre todo, evitar que se vaya a un paro o una huelga, porque perjudica también”, admitió Alliana, quien además valoró que las manifestaciones frente al Congreso se hayan desarrollado mayoritariamente con respeto y sin incidentes graves.
La urgencia de la reforma y el déficit fiscal
Pese a la concesión del plazo, el segundo del Ejecutivo fue tajante respecto a la necesidad ineludible de la ley. Calificó el déficit actual como “gigantesco” y recordó que es una reforma postergada hace dos décadas.
"La transformación es urgente. Hace 20 años se viene hablando y nadie tuvo el coraje”, afirmó. Alliana explicó que el objetivo central es garantizar la sustentabilidad de la Caja Fiscal, asegurando que los jubilados puedan cobrar sus haberes en el futuro y evitando que el resto de la población deba subsidiar el sistema.
“No podemos cargarle a 6 millones de paraguayos a que ellos subsidien cajas deficitarias. Sobre un 15% que es jubilado, hay un 85% que no tiene nada”, argumentó.
Negociaciones con docentes y costo político
Consultado sobre las presiones de sectores específicos, como el docente, Alliana descartó que el Gobierno se sienta extorsionado. Afirmó que se ha llegado a un consenso del "80%" con ciertos gremios y que el Ministerio de Economía trabajará en nuevas propuestas que no desvirtúen el espíritu del proyecto.
Ante la pregunta de si esta reforma impopular podría tener un costo en un año electoral, el vicepresidente asumió el riesgo. “Claro que puede afectar, pero todos los paraguayos son conscientes de que esta reforma se tenía que hacer. Alguien tenía que tomar esto con mucho coraje”.
El Gobierno espera que este plazo de 15 días permita calzar los números finales y lograr una reforma que, según sus palabras, “sea realmente de beneficio para todos”.


