Más de 7.800 aspirantes que superaron las pruebas de competencias básicas serán entrevistados en sus hogares entre hoy, 9 y 13 de febrero para determinar su perfil socioeconómico y garantizar una asignación justa de las becas.
Un equipo técnico recorrerá domicilios en todo el país para evaluar la situación socioeconómica de los postulantes a las Becas del Gobierno que alcanzaron el puntaje mínimo en las pruebas de competencias básicas. La etapa, clave para asegurar que los recursos se asignen de manera justa, abarcará a más de 7.800 jóvenes y se extenderá hasta el viernes 13 de febrero.
El operativo arrancará en Asunción y los distritos del departamento Central, antes de avanzar a las demás regiones del país. La coordinación de estas visitas se realiza a través del Instituto Nacional de Estadística (INE), que desde el miércoles inició los contactos telefónicos con los postulantes para verificar domicilios y organizar la logística de los censistas.
Durante las llamadas, se confirma la ubicación exacta de la vivienda y se verifica que corresponda a la residencia de origen del postulante. Además, se les recuerda qué documentos deberán tener listos al momento de la visita, lo que permitirá agilizar la evaluación y garantizar que los datos recopilados sean precisos y completos.
El procedimiento de contacto se realizó hasta ayer, tras lo cual los censistas se comunicarán nuevamente con cada aspirante para coordinar la fecha y hora exacta de la visita. Este paso es fundamental para que la asignación de las becas responda a la realidad de cada estudiante y para que el programa cumpla con su objetivo de brindar apoyo a quienes más lo necesitan.
El proceso también busca que los aspirantes y sus familias comprendan la importancia de la información proporcionada, ya que será utilizada para priorizar y distribuir los recursos de manera efectiva, asegurando que cada beca llegue a quienes cumplan con los requisitos académicos y socioeconómicos.
En total, esta evaluación domiciliaria constituye la fase final del proceso de selección y representa un esfuerzo coordinado para equilibrar equidad, transparencia y eficiencia en el acceso a la educación superior financiada por el Estado.
