El diputado Rodrigo Gamarra sostuvo que la aprobación en la Cámara Baja respondió a la urgencia del sistema jubilatorio y señaló que ahora el proceso queda en manos del Senado, del que espera un análisis técnico y responsable del proyecto.
Luego de la aprobación del proyecto de reforma de la Caja Fiscal en la Cámara de Diputados, el legislador Rodrigo Gamarra se pronunció sobre el alcance de la decisión parlamentaria y remarcó que la media sanción se dio en un contexto de necesidad para el sistema previsional del Estado.
El diputado señaló que la situación actual obliga a adoptar medidas que permitan corregir desequilibrios acumulados y evitar mayores dificultades en el cumplimiento de las obligaciones jubilatorias.
Indicó que la votación en Diputados respondió a esa realidad y a la responsabilidad institucional de atender un problema que afecta a distintos sectores del funcionariado público.
En relación con las manifestaciones impulsadas principalmente por gremios docentes, Gamarra sostuvo que la reforma no tiene como finalidad afectar ni perjudicar a los trabajadores de la educación. Explicó que el enfoque del proyecto apunta a fortalecer el sistema y a garantizar la sostenibilidad de las jubilaciones en el futuro, en un escenario donde la presión financiera continúa en aumento.
El legislador consideró que el debate público debe centrarse en el contenido de la iniciativa y en sus efectos a largo plazo, más que en interpretaciones parciales sobre su impacto inmediato. En ese sentido, afirmó que el objetivo es preservar la viabilidad del sistema previsional y evitar que el déficit comprometa los derechos de los aportantes.
Respecto al trámite legislativo que resta, Gamarra indicó que ahora el análisis corresponde a la Cámara de Senadores, instancia en la que el proyecto podrá ser estudiado con mayor profundidad. Señaló que espera un tratamiento correcto, con evaluación técnica y discusión política, que permita revisar los puntos necesarios sin desvirtuar el propósito central de la reforma.
Asimismo, manifestó que el Senado tiene la oportunidad de contribuir al fortalecimiento del sistema previsional mediante un debate responsable, considerando tanto la sostenibilidad financiera como la protección de los derechos jubilatorios.
