El Director Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal, Héctor Luis Rubín, realizó un balance profundo al cumplirse dos años de su gestión al frente de la institución. Durante una extensa charla en La Tribu 650 AM, el titular destacó que el mayor logro jurídico ha sido la promulgación de la Ley 7513/25. Esta normativa introduce formalmente el concepto de seres sintientes en el marco legal paraguayo.
Por consiguiente, este cambio de paradigma implica que los animales dejan de ser considerados simples objetos ante la justicia. De esta manera, al dictaminar una sentencia, los jueces ahora deben valorar no solo el daño físico, sino también el sufrimiento psicológico y la agonía del animal.
Además, la nueva legislación contempla la creación del primer Registro Nacional de Agresores, una herramienta fundamental para identificar a quienes cometen actos de crueldad. Rubín también resaltó que el Ministerio de Educación está obligado ahora a incluir el bienestar animal en la malla curricular nacional.
No obstante, el director lamentó que ciertos sectores desinformen sobre estos avances debido a desacuerdos con las escalas penales. "Se puede luchar por lo que falta sin desmerecer lo conseguido", sentenció el funcionario. Asimismo, subrayó que el reconocimiento internacional de esta ley ha posicionado a Paraguay como un referente en la región en materia de protección animal.
El primer Hospital Público Veterinario y la inversión en infraestructura
Uno de los anuncios más destacados durante la entrevista fue el progreso del proyecto para el primer Hospital Público Veterinario en Luque. El director confirmó que la obra demandará una inversión de 14.000 millones de guaraníes. Actualmente, el proceso se encuentra en la etapa de escrituración definitiva tras la desafectación de la propiedad.
Por lo tanto, la institución espera lanzar la licitación para la construcción en el transcurso de este mismo mes. Este centro médico no solo atenderá a animales rescatados, sino que ofrecerá servicios a familias de escasos recursos. De esta forma, se busca combatir enfermedades zoonóticas que afectan la salud pública integral.
Sin embargo, el titular aclaró que el hospital contará con un sistema de aranceles preferenciales para asegurar su sostenibilidad financiera. Bajo su gestión, la dirección logró aumentar su equipo operativo de 16 a 29 funcionarios, incorporando médicos veterinarios y especialistas en bioquímica. Gracias al respaldo del Presidente de la República, la institución ha dejado de ser un organismo latente para convertirse en un órgano ejecutor con presencia en todo el país.
No obstante, Rubín reconoció que todavía cuentan con limitaciones logísticas, disponiendo actualmente de solo tres móviles para cubrir las miles de denuncias que se reciben mensualmente.
Desafíos con la gestión municipal y el reclamo a la fiscalía
Respecto a la descentralización de la defensa animal, el director fue crítico con el desempeño de varios municipios. Si bien destacó el trabajo coordinado con intendencias como las de Pilar y San Lorenzo, denunció que otros jefes comunales solo firman convenios por intereses políticos. En consecuencia, instó a las autoridades locales a cumplir con la ley y financiar sus propias secretarías de bienestar animal.
Por otro lado, destacó la firma de acuerdos con la Dinatran para regular el traslado de mascotas en buses de corta, media y larga distancia, estableciendo condiciones claras de seguridad y espacio.
Finalmente, Héctor Luis Rubín lanzó un enérgico reclamo al Ministerio Público por la falta de celeridad en los procesos judiciales. Según informó, existen más de 300 carpetas fiscales por maltrato animal grave que se encuentran estancadas en las unidades de investigación. "La dirección puede sancionar administrativamente, pero es la fiscalía la que debe imputar y pedir prisión", enfatizó.
Como precedente alentador, mencionó el caso de un agresor en Itapúa que ya guarda prisión preventiva por la muerte de un animal. Este hecho reafirma que el maltrato animal en Paraguay ha dejado de ser una falta menor para convertirse en un delito con consecuencias penales efectivas.