Según un informe de dicha entidad, y tras reclamos de pequeños y medianos productores vacunos, las empresas señaladas habrían fijado precios de compra a los productores (oligopolio), así como precios finales de los productos cárnicos (oligopsonio).
Cuidar a los consumidores finales y a los productores
Ante este escenario, el senador Soroka se mostró bastante ofuscado por el accionar de las empresas y afirmó que, si bien el Estado no tiene la potestad de entrar a regular los precios, sí pueden exigir el control riguroso de las instituciones públicas a las empresas frigoríficas.
“Esto no es un amedrentamiento, no es inmiscuirse dentro de lo que es el sector privado, es solamente salvaguardar los intereses de los ciudadanos de la nación”, dijo en rueda de prensa.
Y también añadió: “Nosotros no podemos intervenir, pero sí podemos hacer que las instituciones funcionen, ¿para eso están las instituciones y nosotros tenemos que cuidar justamente a quién? Al consumidor final”.
Señaló, además, que desde el legislativo darán todas las garantías para que los funcionarios de la Conacom puedan ejecutar los sumarios a las empresas señaladas.
Deben competir y no regular precios en secreto
Por su parte, Gavilán detalló que los sumarios que serán realizados tienen una duración de 90 días, y otros noventa más si es preciso prorrogarlas. Explicó que la extensión de los sumarios se da en casos de complejidades del mercado.
“Hoy lo que nosotros hacemos es poner la lupa en este mercado, porque existen indicios que hacen necesario por lo menos que esto se investigue. Son siete frigoríficos los investigados. Los siete jugadores del mercado en este eslabón son esos mismos siete los que están siendo sumariados”, expresó.
Adelantó que, de comprobarse las sospechas, las sanciones podrían ir desde multas económicas hasta imposiciones de medidas correctivas para restablecer la competencia del mercado.