Un pedido de informes a la Gobernación de Itapúa (PLRA) generó un cruce político en la Comisión Permanente, llevando a la oposición a retirarse y dejar la sesión sin quorum. La oposición consideró el pedido excesivo, similar a una auditoría, cuestionando si la fiscalización depende de la afinidad partidaria.
La sesión de la Comisión Permanente realizada ayer dejó una escena inusual en el Congreso, un pedido de informes desató un cruce político y terminó con la oposición abandonando la sala y dejando la reunión sin quorum.
El episodio reavivó una discusión de fondo, qué tan firme es el compromiso con la transparencia cuando la solicitud apunta a una administración “propia”. El pedido de informes es una herramienta prevista para senadores y diputados.
El artículo 192 del Reglamento del Congreso establece que “las cámaras pueden solicitar a los demás poderes del Estado, a los entes autónomos, autárquicos y descentralizados, y a los funcionarios públicos, los informes sobre asuntos de interés público que estimen necesarios”, con la salvedad de la actividad jurisdiccional.
También dispone que la respuesta debe darse dentro del plazo fijado, que no puede ser menor de 15 días. En la práctica parlamentaria existe una regla no escrita: estos pedidos difícilmente se rechazan. Se aprueban, tal como se presentan o con ajustes sugeridos por el pleno o las comisiones.
Esa costumbre se tensó cuando el senador Natalicio Chase (ANR), líder de la bancada de Honor Colorado, presentó un pedido dirigido a la Gobernación de Itapúa, administrado por el gobernador Francisco Javier Pereira, dirigente del PLRA. Para los liberales, Itapúa es una de las dos gobernaciones ganadas por el partido en las últimas elecciones generales (la otra es Central), un dato que atravesó el debate.
Durante el tratamiento, el senador Éver Villalba (PLRA) pidió conocer los argumentos del requerimiento y afirmó que le llamaba la atención que la iniciativa se enfocara en una institución encabezada por un correligionario. Desde el oficialismo respondieron con la justificación habitual: solicitar información “en nombre de la transparencia” y del control sobre asuntos de interés público.
La respuesta opositora fue contundente: varios legisladores se retiraron en bloque, lo que dejó la sesión sin quorum. Luego, la diputada Rocío Vallejos (Partido Patria Querida) sostuvo ante medios que el cuestionario era “demasiado detallado” y que su naturaleza se asemejaba más a una auditoría de la Contraloría General de la República que a un pedido parlamentario.
El punto no es menor. El Congreso no reemplaza a la Contraloría, pero el control político se ejerce, precisamente, pidiendo datos y documentos para evaluar la gestión. Si un pedido es excesivo, impreciso o invade competencias, el camino institucional suele ser acotarlo, corregirlo o modificarlo, no impedir su tratamiento. Convertir el quorum en un mecanismo de veto puede paralizar debates y volver discrecional una herramienta pensada para fiscalizar.
Más allá del caso concreto, el mensaje que queda es preocupante: los pedidos de informes serían aceptables siempre que indaguen al adversario, pero resultarían objetables cuando la institución consultada está dirigida por un aliado.
En definitiva, la discusión debería centrarse en la pertinencia y el interés público de la información solicitada, no en el color partidario del administrador.
Si la información es pública y corresponde, responder fortalece a la institución requerida. Si no lo es, corresponde fundamentar y ajustar el alcance. Lo contrario consolida una regla tácita que erosiona la confianza ciudadana: se controla al de enfrente y se protege al propio.
En el Palacio Legislativo se recordó que, en los últimos años, pedidos de informes se han dirigido a ministerios, entes y municipios sin mayores controversias, aun cuando incluían preguntas técnicas sobre procedimientos y ejecución. De ahí la advertencia de que el estándar no debería variar según a quién se consulte: si cada requerimiento debiera explicar “intención” o “trasfondo”, el control parlamentario se volvería impracticable.
La controversia también expone el riesgo de medir la fiscalización por afinidad política: elevar el listón cuando incomoda y bajarlo cuando conviene. Para la ciudadanía, el saldo es menos información disponible y más desconfianza en la rendición de cuentas. En un país donde la confianza institucional es frágil, toda señal de doble estándar amplifica el escepticismo y desincentiva la participación.
Lo concreto es que los legisladores de la oposición dejaron sin quorum la sesión al momento de tratarse un pedido de informe a la Gobernación de Itapúa, a cargo de Javier Pereira, del PLRA.