En conferencia de prensa, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, adelantó los puntos clave de un proyecto de ley que busca reformar sustancialmente el sistema de jubilaciones del Poder Legislativo. La iniciativa surge en medio del debate nacional sobre la crisis de la Caja Fiscal y la necesidad de ajustar los haberes de diversos sectores públicos.
Según explicó el legislador, la propuesta principal consiste en elevar la edad de jubilación de los 60 a los 65 años y exigir un mínimo de tres periodos legislativos para acceder al beneficio. Asimismo, plantean aumentar el aporte mensual de los parlamentarios activos del 22% al 24%.
“Tenemos que tener empatía con los sectores a los que ahora estamos estudiando modificar su ley, como docentes y militares, pero también con el contribuyente. Por eso, la modificación debe empezar por casa”, afirmó Núñez, argumentando que estas medidas buscan otorgar autoridad moral al Congreso para tratar la reforma general de la Caja Fiscal.
Fin del aporte estatal y ajuste a pensionados
Uno de los puntos más relevantes del anuncio es la intención de convertir el fondo en una “caja privada”. Núñez propuso eliminar por completo el aporte estatal, haciendo que el sistema se sostenga exclusivamente con las dietas de los legisladores. “No quiero que la caja se convierta en un negocio, pero sí que sea sostenible sin cargarle al pueblo”, señaló.
El plan de austeridad también afectaría a los actuales y futuros beneficiarios:
- Jubilados actuales: Su aporte subiría del 12% al 14%.
- Pensionados (herederos): Se reduciría el beneficio que perciben del 40% al 25% del haber jubilatorio.
Situación financiera y controversia
Ante los cuestionamientos de sectores de la oposición que califican a la Caja Parlamentaria de deficitaria y privilegiada, Núñez aseguró que, según estudios actuariales, el fondo tiene sostenibilidad garantizada hasta el año 2034. Sin embargo, reconoció la necesidad de reformas preventivas.
El senador rechazó tajantemente las propuestas de eliminar la Caja Parlamentaria, advirtiendo que disolverla implicaría transferir a los jubilados actuales a la Caja Fiscal, lo que terminaría “cargando a todos los paraguayos” con el costo de dichas jubilaciones a través de impuestos generales.