La sostenibilidad de la Caja Fiscal volvió a ocupar un lugar central en la agenda económica, luego de que el sector privado manifestara su respaldo al proyecto de ley actualmente en estudio en el Congreso Nacional. Para los gremios empresariales, el creciente déficit previsional dejó de ser una advertencia a largo plazo y hoy se traduce en una presión concreta sobre el presupuesto del Estado.
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, integrante de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, expresó su apoyo a la iniciativa legislativa, a la que define como una corrección necesaria, aunque no integral, frente a un desequilibrio que continúa ampliándose.
Desde el sector comercial advierten que el déficit previsional ya condiciona la capacidad del Estado de destinar recursos a áreas clave como educación, salud e infraestructura. En un contexto de restricciones fiscales, sostienen que cada punto adicional de presión sobre el presupuesto reduce el margen de maniobra para políticas públicas orientadas al crecimiento y al desarrollo social.
Uno de los ejes del planteamiento gira en torno a la equidad del sistema. Según el análisis del gremio, siete de cada diez paraguayos no cuentan con expectativa de acceder a una jubilación, pese a que el conjunto de la ciudadanía termina financiando un régimen que opera con déficit. Esta situación, remarcan, genera una distorsión en el uso de los recursos públicos y profundiza las asimetrías existentes.
El comunicado también cuestiona la alternativa de sostener el sistema mediante aumentos de impuestos. A criterio del sector privado, trasladar de forma indefinida el costo del déficit a la economía formal resulta insostenible y socialmente injusto, ya que recae sobre contribuyentes y sectores productivos que no se benefician directamente del esquema previsional vigente.
En ese escenario, la corrección planteada en el proyecto de ley apunta a reducir el impacto del déficit sobre las finanzas públicas y a recuperar margen fiscal. Desde la CNCSP señalan que avanzar con esta medida permitiría contener una dinámica que, de mantenerse, podría comprometer la estabilidad financiera del Estado en el mediano plazo.
El sector comercial reconoce que la iniciativa en discusión no constituye una reforma estructural completa del sistema previsional. Sin embargo, subraya que se trata de un paso indispensable dentro de un proceso más amplio de ajustes que deberá encarar el país para corregir desequilibrios acumulados y mejorar la transparencia del régimen.
Asimismo, advierten que postergar decisiones solo incrementa el costo de las correcciones futuras. Cada año de demora amplía el déficit, reduce el espacio fiscal disponible y limita la capacidad del Estado de atender prioridades estratégicas vinculadas al desarrollo económico.
En su pronunciamiento, el gremio insta al Congreso Nacional a avanzar con decisión en el tratamiento del proyecto. Para el sector privado, la discusión ya no pasa por la necesidad de una corrección, sino por el momento oportuno para implementarla y evitar que el problema siga escalando.
Así, la Caja Fiscal vuelve a posicionarse como uno de los principales desafíos de la política económica. Su desequilibrio no solo impacta en el sistema previsional, sino que también condiciona la sostenibilidad fiscal, la equidad social y la capacidad del Estado de impulsar inversiones que acompañen el crecimiento del país.