El ministro del Interior, Enrique Riera, señaló que el Gobierno decidió encarar de frente un problema estructural que fue postergado durante años, con el objetivo de asegurar que ningún jubilado vuelva a atravesar una situación similar. Destacó que las medidas impulsadas permitirán hacer sostenible la caja previsional de forma permanente.
Riera, junto con el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, mantuvo ayer lunes una reunión con representantes de gremios de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional, para abordar aspectos vinculados a la reforma de la Caja Fiscal. El encuentro se desarrolló en el Círculo de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas de la Nación.
La reunión se enmarca en un proceso de diálogo institucional orientado a analizar la propuesta de reforma, escuchar las inquietudes de los sectores involucrados y promover un intercambio responsable de posiciones. Esta instancia contribuye a fortalecer la articulación entre el Estado y los gremios, favoreciendo la construcción de consensos en torno a un tema de alta relevancia para el sistema previsional y la estabilidad institucional.
El titular de Interior destacó la importancia de este tipo de reuniones, al considerar que permiten articular acciones entre tres sectores clave para el país: la educación, la seguridad y la justicia. Garantizó el cumplimiento de lo que establece cada uno de los artículos de la ley.
“Vamos a escribir los artículos claritos para que no haya margen de interpretación ni para otros gobiernos, ni para jueces, ni para burócratas. Lo que estamos diciendo va a estar por escrito con absoluta precisión”, ratificó.
En la oportunidad, las autoridades aclararon que la ley no tendrá efecto retroactivo, por lo que no se aplicará a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional ni de las Fuerzas Armadas que ya cuentan con derechos adquiridos. En ese sentido, quedan excluidos los efectivos retirados y aquellos en actividad que, en el caso de las Fuerzas Armadas, registran 15 años de porte de armas más un día, y en la Policía Nacional, 10 años de porte. A partir de esos plazos hacia abajo, los uniformados sí quedarán comprendidos en la nueva normativa, en caso de que el proyecto sea aprobado por el Congreso Nacional.
En ese contexto, el ministro González señaló que las explicaciones brindadas fueron debidamente comprendidas y que, no obstante, se mantendrá una suerte de “sesión permanente” para introducir ajustes o precisiones en la redacción, con el objetivo de brindar mayor tranquilidad y garantías a los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional.
Por su parte, el presidente del Círculo de Oficiales Retirados de la Policía Nacional, Vidal Giménez, resaltó la conformidad con el hecho de que serán respetados los derechos adquiridos y valoró que se haya llegado a un acuerdo en las precisiones que se van a hacer en la ley respecto a quiénes van a estar regidos bajo la nueva normativa.
En la reunión también estuvo el asesor de la Presidencia de la República, Juan José Galeano, quien mencionó que el objetivo de la nueva ley enviada por el Ejecutivo es garantizar las jubilaciones presentes y futuras “para que todos aquellos que hoy tienen una jubilación y quienes están aportando también puedan tener acceso a una jubilación digna”.
“Esas son las premisas de esta propuesta de reforma, se respetan los derechos adquiridos y se garantiza la sostenibilidad financiera presente y futura de las jubilaciones”, reiteró.