El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) descartó financiar el déficit previsional mediante aumentos tributarios. Las proyecciones oficiales muestran que el impacto sería insostenible y afectaría la inversión social clave.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sentó una postura firme el pasado miércoles ante el Congreso Nacional, indicando que el aumento de impuestos no es una solución viable para financiar el agujero financiero de la Caja Fiscal. La cartera de Estado advirtió que, para sostener el sistema actual sin reformas estructurales, las tasas tributarias deberían elevarse a niveles confiscatorios en menos de tres años.
La aclaración fue realizada por el viceministro de Economía y Planificación, Felipe González Soley, durante una mesa de trabajo con la Comisión Permanente del Congreso, en respuesta a propuestas de gremios docentes, policiales y militares que sugirieron cubrir el desequilibrio mediante alzas impositivas.
Cifras insostenibles
Durante la presentación técnica, Liz Coronel, gerente de Desarrollo Económico del MEF, expuso proyecciones que calificó como alarmantes para ilustrar la inviabilidad de la propuesta gremial.
Según los cálculos establecidos por el Ministerio de Hacienda realizados exclusivamente a modo ilustrativo, si se decidiera financiar el déficit mediante el Impuesto a la Renta Personal (IRP), la tasa debería saltar del 10% actual al 48%. El escenario empeora drásticamente a corto plazo: debido a la dinámica demográfica de los jubilados, para el año 2028 la tasa del IRP tendría que escalar al 86%.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), Coronel explicó que elevar la tasa del 10% al 14% generaría unos USD 1.144 millones extra anuales. Sin embargo, advirtió que este “sacrificio fiscal” sería inútil a mediano plazo, ya que solo cubriría el déficit de los años 2026 y 2027, volviendo a ser insuficiente para el 2028.
El costo de oportunidad: Hospitales vs. Déficit
El equipo económico advirtió que, para el 2028, el 100% del déficit de la Caja Fiscal deberá ser cubierto con impuestos generales, lo que representará una carga de USD 683 millones para el Tesoro Público.
Para dimensionar el impacto de esta fuga de recursos, el MEF detalló qué obras públicas se dejarán de realizar para cubrir ese monto: La construcción de 10 hospitales de alta complejidad, la pavimentación de más de 3.200 kilómetros de rutas, la refacción de 350 centros educativos, el pago de la pensión alimentaria para el 86% de los adultos mayores del país.
El nudo del problema y la reforma oficial
El MEF identificó la ausencia de una edad mínima de jubilación como el factor determinante del descalabro, beneficiando principalmente a los sectores del magisterio nacional, docentes universitarios y fuerzas públicas.
Frente a este escenario, el Poder Ejecutivo defiende su proyecto de ley de reforma, que busca sostenibilidad mediante tres ejes centrales:
Edad de Retiro: Establecer una edad gradual de jubilación a partir de los 57 años para docentes, magistrados, policías y militares. Aportes: Aumentar el aporte obrero del 16% al 19% y establecer un aporte estatal del 3% como empleador.
Cálculo de haberes: Utilizar el promedio de los últimos 5 años de salarios (base reguladora) para calcular la jubilación, unificando el criterio con el resto de la administración pública.
El proyecto, que incluye tablas de sustitución que premian la permanencia en el cargo (llegando al 100% del haber con 35 años de aporte en fuerzas públicas y 25 años de servicio en docentes con 57 años de edad), continúa en estudio en el Poder Legislativo.