El Parlamento Europeo ha asestado este miércoles un golpe inesperado a la hoja de ruta del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. En una votación de alto voltaje político, la Eurocámara ha decidido paralizar el proceso de aprobación y remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), aceptando así la solicitud presentada por un grupo minoritario de izquierda.
La decisión supone un frenazo para un tratado que, tras 25 años de agónicas negociaciones, acababa de recibir el aval político de los Veintisiete y había sido firmado solemnemente el pasado sábado en Asunción (Paraguay) entre la Comisión y los líderes latinoamericanos.
Un parlamento dividido
La moción para llevar el tratado ante la justicia europea prosperó gracias a una aritmética parlamentaria extremadamente ajustada. De los 669 eurodiputados presentes en el hemiciclo:
- 334 votaron a favor de la suspensión.
- 324 votaron en contra.
- 11 se abstuvieron.
Esta división refleja la compleja tramitación que enfrentaba el pacto, rechazado tanto por sectores de la ultraderecha como por grupos de izquierda, sumado a diversos intereses nacionales que ven con recelo la creación de un mercado común de casi 700 millones de consumidores.
El punto de conflicto: la soberanía ambiental
El argumento central del grupo que impulsó la moción cuestiona la legalidad del acuerdo respecto a los Tratados de la UE. El foco de la controversia es el “mecanismo de reequilibrio”.
Los críticos sostienen que esta cláusula podría limitar la capacidad de la UE para legislar en materia de protección medioambiental y del consumidor. Según el texto actual, los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) podrían solicitar compensaciones económicas si Bruselas introduce cambios regulatorios futuros que "desvirtúen el acuerdo" o les perjudiquen comercialmente.
La Comisión busca un "plan B"
Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, compareció tras la votación dejando claro que Bruselas no se quedará de brazos cruzados. Aunque calificó la moción como "un planteamiento legítimo que hay que respetar", Ribera subrayó la urgencia política del momento.
“Tenemos que analizarlo y en paralelo trabajar por la aplicación provisional de un tratado importante que políticamente no podemos retrasar por mucho tiempo”, declaró la vicepresidenta, según los medios internacionales.
Ribera anticipó que la Comisión se movilizará, dentro del marco de sus competencias, para encontrar una fórmula jurídica que permita la entrada en vigor provisional del acuerdo mientras el Tribunal de Luxemburgo se pronuncia, evitando que la iniciativa parlamentaria entierre el pacto de facto.