Derlis Maidana afirmó que la reforma previsional no afectará derechos adquiridos, en un debate marcado por desconfianza gremial y presión fiscal.
El ingreso al Congreso Nacional del proyecto de reforma de la Caja Fiscal abrió un debate que, más allá de los números, se concentra en el alcance real de los cambios y en el resguardo de los derechos previsionales del sector público.
En ese escenario, el senador Derlis Maidana fijó una posición política clave al asegurar que la iniciativa no afectará los derechos adquiridos, marcando un límite claro al tratamiento legislativo de la propuesta remitida por el Poder Ejecutivo.
La declaración del legislador se produce en un contexto de creciente inquietud entre los gremios docentes y otros sectores del funcionariado, que analizan el proyecto y se preparan para presentar contrapropuestas ante el temor de que las modificaciones previstas puedan alterar condiciones bajo las cuales miles de trabajadores planificaron su jubilación. Para Maidana, el debate debe centrarse en cómo corregir los desequilibrios del sistema sin vulnerar garantías ya consolidadas.
Derechos adquiridos como eje político
Al referirse al contenido del proyecto, Maidana sostuvo que el respeto a los derechos adquiridos constituye una línea que no puede ser traspasada en el proceso de reforma. La afirmación busca despejar temores sobre eventuales retrocesos normativos y enviar una señal a los sectores afectados, en momentos en que el texto comienza su recorrido parlamentario.
Desde la óptica legislativa, el desafío pasa por distinguir entre expectativas futuras y situaciones jurídicas ya consolidadas. En ese punto, la postura del senador introduce un marco político que condiciona el análisis técnico y delimita el margen de acción del Congreso frente a una iniciativa que impacta directamente en la seguridad social de los funcionarios públicos.
El proyecto de reforma fue remitido por el Poder Ejecutivo como respuesta al déficit estructural de la Caja Fiscal, sistema que administra las jubilaciones y pensiones del sector público. Sin embargo, su ingreso al Congreso activó de inmediato la reacción de los gremios, especialmente del sector docente y de las fuerzas públicas, que expresaron preocupación por posibles cambios en la edad mínima de jubilación, los años de aporte y el cálculo de los haberes.
Ante este escenario, las organizaciones sindicales anunciaron que se encuentran evaluando el texto para elevar propuestas alternativas durante el tratamiento legislativo. El reclamo central apunta a que cualquier modificación preserve la previsibilidad y no altere reglas vigentes que, según sostienen, forman parte de derechos consolidados.
El respaldo técnico del MEF
En paralelo al posicionamiento político en el Senado, el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, defendió ante la Comisión Permanente del Congreso la propuesta del Ejecutivo. El titular del MEF explicó que la reforma permitiría reducir el déficit de la Caja Fiscal entre un 50% y un 60% anual, aunque aclaró que no se prevé su eliminación total.
Fernández Valdovinos recordó que al cierre del último ejercicio la Caja Fiscal registró un déficit de USD 380 millones y advirtió que, de no adoptarse medidas, el deterioro podría acelerarse en los próximos años. Señaló además que cerca del 70% del déficit se cubre actualmente con recursos del tesoro, lo que implica una carga directa sobre los impuestos que pagan los ciudadanos.
El ministro sostuvo que para lograr la sostenibilidad del sistema es necesario revisar todos los parámetros, en particular la edad mínima de jubilación, actualmente inexistente en varios regímenes. Planteó que establecer un rango etario, acompañado de incentivos para postergar el retiro, es un elemento central del proyecto, postura que generó rechazo en sectores sindicales.
No obstante, Fernández Valdovinos aseguró que los derechos de los jubilados actuales serán respetados y que la contribución del Estado seguirá siendo necesaria, aunque bajo un esquema financieramente viable. Este punto conecta con la afirmación de Maidana sobre la necesidad de preservar derechos adquiridos, aunque desde perspectivas distintas: una política y otra técnica.
