Los titulares de ambos ministerios acordaron criterios técnicos y financieros que orientarán las acciones del sistema penitenciario, con foco en infraestructura, gestión institucional y uso de recursos, como parte de una definición de lineamientos estratégicos del Ejecutivo.
Los ministros de Justicia, Rodrigo Nicora, y de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, mantuvieron una reunión de coordinación interinstitucional en la que acordaron lineamientos que orientarán las acciones del Ejecutivo en materia penitenciaria.
El encuentro se centró en la definición de criterios claros sobre infraestructura, funcionamiento de nuevos centros, gestión institucional y asignación de recursos, como parte de una estrategia para ordenar la política penitenciaria.
Durante la reunión, ambas carteras analizaron el estado actual del sistema penitenciario y coincidieron en la necesidad de consolidar lineamientos que permitan dar continuidad a las acciones en curso. Los acuerdos alcanzados establecen pautas que servirán de referencia para las decisiones administrativas y financieras vinculadas al sector.
Operatividad de nuevos centros penitenciarios
Uno de los lineamientos centrales definidos fue la continuidad de la habilitación al cien por ciento de los nuevos centros penitenciarios, con el objetivo de asegurar su plena operatividad. En este marco, se acordó avanzar con el funcionamiento integral del Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), que constituye el nuevo establecimiento destinado a mujeres privadas de libertad tras el cierre del penal del Buen Pastor.
Las autoridades coincidieron en que la puesta en funcionamiento total de este complejo requiere no solo la infraestructura adecuada, sino también la articulación de servicios y recursos que permitan su operación conforme a los parámetros establecidos. El Comple forma parte de los ejes prioritarios definidos en los lineamientos acordados entre ambas carteras.
Asimismo, se subrayó la importancia de garantizar la plena operatividad del Centro Penitenciario Martín Mendoza, ubicado en Emboscada. En este caso, los lineamientos apuntan a consolidar el funcionamiento integral del establecimiento, atendiendo a su capacidad instalada y a los requerimientos operativos necesarios para su utilización total.
Infraestructura y mejora de establecimientos
En materia de infraestructura, los ministros acordaron pautas orientadas al mantenimiento, adecuación y mejora de los establecimientos penitenciarios existentes. Estas definiciones incluyen criterios para ordenar las intervenciones del Estado en obras, servicios básicos y equipamiento, priorizando aquellas acciones que permitan asegurar el funcionamiento efectivo de los centros.
Dentro de este eje, se reiteró la necesidad de avanzar en mejoras específicas en establecimientos destinados a poblaciones particulares, como el sistema penitenciario femenino, en concordancia con la habilitación del nuevo complejo para mujeres privadas de libertad. Los lineamientos establecen que las decisiones sobre infraestructura deberán responder a parámetros técnicos y a una planificación integral del sistema.
Personal y criterios financieros
Otro de los puntos destacados durante la reunión fue la necesidad de contar con el personal adecuado para el funcionamiento de las nuevas infraestructuras penitenciarias. Las autoridades coincidieron en que la habilitación plena de los centros debe estar acompañada por la dotación de recursos humanos suficientes para tareas de custodia, administración y apoyo técnico.
En este contexto, se acordaron lineamientos orientadores para la asignación y sostenimiento del personal penitenciario, considerando el impacto de estos recursos en el presupuesto del sector. El Ministerio de Economía expuso criterios generales sobre el uso de los recursos públicos, que fueron incorporados como parte de las pautas consensuadas.
Como marco de referencia, se mencionó que el Presupuesto General del Estado para 2026 supera los G. 149 billones, mientras que el Ministerio de Justicia cuenta con un presupuesto superior a los G. 566.000 millones, dentro del cual se contemplan los recursos destinados al sistema penitenciario.
Los equipos técnicos de ambas carteras participaron del encuentro y aportaron insumos para la definición de estos lineamientos. El resultado fue la consolidación de un marco orientador que establece pautas claras sobre operatividad de nuevos centros, infraestructura, dotación de personal y uso de recursos públicos.
Los lineamientos acordados servirán como base para las decisiones del Ejecutivo en materia penitenciaria, con el objetivo de ordenar la gestión del sistema y fortalecer la coordinación entre las áreas de Justicia y Economía.
