El equipo de Honor Colorado en Corpus Christi presentó una denuncia formal ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y el Ministerio Público por el presunto traslado masivo de votantes hacia esa ciudad, lo que podría constituir una irregularidad en el padrón electoral.
La presentación fue realizada en el marco del período de tachas y reclamos, habilitado en enero como parte de las etapas preliminares rumbo a las elecciones municipales de octubre de 2026.
Según explicó el abogado Nicolás Russo Galeano, quien representa al grupo denunciante, se detectaron aproximadamente 1.229 traslados irregulares de personas que no residen en Corpus Christi, denominados “votos turistas”. “Son electores que solo aparecen el día de las elecciones y no están registrados realmente en la localidad”, señaló el letrado.
La investigación preliminar identificó irregularidades en los certificados de vida y residencia, documentos supuestamente emitidos por comisarías locales, y en varios casos se advirtió que cerca de 100 personas compartían los mismos testigos y domicilios. De acuerdo con Russo, esto podría implicar delitos como falsificación de declaraciones juradas, adulteración de documentos públicos y asociación criminal.
El abogado detalló que el padrón de Corpus Christi cuenta con aproximadamente 7.000 votantes, por lo que los 1.229 traslados detectados representan un porcentaje significativo de la población electoral de la ciudad. Además, indicó que situaciones similares fueron reportadas en otras localidades; 600 traslados en Laurel y 500 en Salto del Guairá, también en el marco de denuncias que ya se estarían preparando.
El abogado precisó que los presuntos traslados irregulares podrían involucrar tanto a sectores de la oposición como a disidencias internas del Partido Colorado, según la información recabada por el equipo de Honor Colorado en la región. La investigación buscará determinar responsabilidades y sancionar los posibles delitos electorales detectados.
El plazo para presentar tachas y reclamos se extenderá hasta el 31 de enero, durante el cual los partidos políticos y autoridades locales tendrán la oportunidad de revisar los registros y confirmar cualquier irregularidad en la inscripción de votantes.