El canciller defendió el convenio con Estados Unidos y sostuvo que la inmunidad es de carácter diplomático, requiere aprobación legislativa y se limita a operaciones conjuntas contra delitos transnacionales.
El Acuerdo de Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés Status of Forces Agreement), firmado entre Paraguay y los Estados Unidos, ingresó formalmente al Congreso Nacional para su estudio y eventual aprobación legislativa.
El convenio, suscrito por el canciller Rubén Ramírez Lezcano y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, establece un marco jurídico para la presencia temporal de personal militar estadounidense en el país en el contexto de operaciones conjuntas de seguridad y defensa.
La remisión del documento al Parlamento responde a lo establecido por la Constitución Nacional, que exige aprobación congresal para los acuerdos internacionales que generen obligaciones para el Estado. En ese contexto, el canciller explicó los alcances del SOFA y buscó aclarar los puntos vinculados a inmunidades, jurisdicción penal y soberanía, que generaron debate público tras la difusión del contenido del acuerdo.
El texto dispone que el personal de los Estados Unidos gozará de privilegios, exenciones e inmunidades equivalentes a las otorgadas al personal administrativo y técnico de las misiones diplomáticas, conforme a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Asimismo, autoriza el uso de uniformes y el porte de armas en funciones oficiales, además del libre ingreso, egreso y desplazamiento de aeronaves, buques y vehículos del Departamento de Defensa estadounidense, con notificación a las autoridades paraguayas.
Inmunidad diplomática y alcance jurídico
Ramírez Lezcano sostuvo que la inmunidad prevista en el acuerdo no implica impunidad ni exclusión del control judicial. Explicó que el tratamiento otorgado al personal estadounidense responde a estándares internacionales aplicados en acuerdos similares y que, en caso de violación de la ley, el personal será detenido y sometido a la justicia de su país.
Según detalló, si un miembro del personal estadounidense comete un delito en territorio paraguayo, será puesto a disposición de la jurisdicción norteamericana, de acuerdo con los términos del convenio.
El canciller enfatizó que este mecanismo no habilita acciones al margen del derecho ni actuaciones autónomas, y que todas las operaciones estarán sujetas a coordinación entre las autoridades de ambos países.
El acuerdo también exonera al personal estadounidense del pago de impuestos y tasas en Paraguay, permite la introducción y salida de equipos, suministros, tecnología y pertrechos sin gravámenes, y reconoce licencias profesionales y permisos de conducir emitidos por autoridades de los Estados Unidos, sin necesidad de trámites adicionales.
Operaciones conjuntas y combate al crimen transnacional
El canciller vinculó el SOFA con la estrategia de fortalecimiento de la seguridad nacional frente a amenazas transnacionales. Señaló que el objetivo central del acuerdo es mejorar las capacidades de las fuerzas de seguridad paraguayas para enfrentar delitos como el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de activos, la trata de personas y el tráfico de armas.
Indicó que la prioridad del Gobierno es la seguridad de los ciudadanos paraguayos y que, en ese marco, la cooperación internacional resulta un componente clave. Afirmó que las operaciones previstas podrán ser policiales, de inteligencia o militares, pero siempre conjuntas, coordinadas y aceptadas por Paraguay, sin habilitar intervenciones deliberadas ni unilaterales.
En ese sentido, recordó que el país mantiene acuerdos de cooperación similares con Argentina y Brasil, con operaciones conjuntas entre fuerzas policiales, ministerios del Interior, de Justicia y las Fuerzas Armadas, bajo esquemas de coordinación bilateral.
Sin bases militares ni presencia permanente
Otro de los puntos aclarados por el canciller fue la permanencia del personal estadounidense en el país. Sostuvo que el SOFA no contempla la instalación de bases militares extranjeras ni una presencia permanente de tropas, y que la duración de las misiones dependerá de las necesidades específicas de cada operación.
El acuerdo establece que el personal estadounidense tendrá libertad de circulación y acceso a medios de transporte, almacenamiento, entrenamiento e instalaciones previamente acordadas, además de la posibilidad de operar sistemas propios de telecomunicaciones y utilizar el espectro radioeléctrico sin costo.
Asimismo, el texto prevé que ambas partes renuncien a reclamos recíprocos por daños, pérdidas o destrucción de bienes, así como por lesiones o fallecimientos del personal militar o civil en el marco de las actividades amparadas por el convenio.
Con el ingreso del SOFA al Congreso Nacional, el tratamiento del acuerdo queda ahora en manos del Poder Legislativo, que deberá analizar su contenido, debatir sus implicancias y definir su aprobación o rechazo, conforme a los procedimientos constitucionales vigentes.