La ley entra en vigencia tras un año de su promulgación. En esa ocasión, el presidente Santiago Peña había destacado que la modernización del sistema de registro catastral brinda una solución definitiva a la histórica problemática inmobiliaria del país, al garantizar la seguridad jurídica y eliminar la excesiva burocracia. Asimismo, calificó esta iniciativa como el paso más significativo dado en los últimos 150 años para lograr un régimen inmobiliario efectivo. “Se trata de una reforma verdaderamente importante, profunda, formal e integral”, afirmó el mandatario.
Al respecto, el titular del Colegio de Escribanos del Paraguay, Gustavo Benítez Soler, auguró un inicio exitoso de la implementación del Registro Unificado Nacional. Asimismo, celebró que las autoridades hayan tomado conciencia de la problemática existente y se hayan abocado a trabajar de manera conjunta hasta consensuar un nuevo sistema, más acotado y eficiente.
Explicó que el nuevo sistema estará altamente integrado, ya que contará con un formulario único en el que se consignarán el tipo de operación, los datos de la escritura y demás informaciones relevantes vinculadas al acto a formalizar. Señaló que esta estructura permitirá facilitar los procesos de fiscalización y optimizar los tiempos de gestión, evitando las demoras que se registraban anteriormente.
“Todo va a estar bien encaminado y el peligro de que se colgaba anteriormente, por falta de rapidez, se pueda embargar, se pueda hipotecar, una serie de cosas; diríamos que fue salvado con este nuevo sistema”, afirmó en declaraciones a la 1000 AM.
A su vez, desde el Poder Judicial, órgano responsable del catastro nacional y de los registros públicos relativos a los bienes, afirmaron que el RUN permitirá la digitalización de datos, ofreciendo a los usuarios información confiable y actualizada sobre inmuebles. Esta herramienta busca simplificar los trámites administrativos, eliminando duplicidades y reduciendo los tiempos de espera. Además, fortalece la seguridad jurídica, un factor clave para la protección de derechos de propiedad y para el desarrollo económico del país.